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Santo Domingo, R.D. — El abogado Joaquíncito Boció, representante legal de la médico militar Ana Josefa García Cuello, denunció este jueves que su defendida lleva once meses detenida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, a pesar de resultar diagnosticada con esquizofrenia paranoide aguda por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Al ser abordado por periodistas, Boció comparó el caso de García Cuello con el del joven Jean Andrés Pumarol Fernández, quien tras protagonizar un hecho violento en el sector Naco, fue internado en un centro de salud mental y no enviado a prisión directamente.
“Ambos casos tienen características similares. Sin embargo, al joven se le reconoce su estado mental y a mi representada se le ha privado injustamente de su libertad durante casi un año”, sostuvo.
El abogado criticó que, a pesar de existir un dictamen psiquiátrico oficial, no se ha convocado audiencia preliminar para debatir la inimputabilidad de García Cuello. Recordó que el artículo 64 del Código Penal dominicano establece que no hay delito cuando una persona actúa bajo un estado de enajenación mental.
Audiencia de inimputabilidad de Cuello está pautada para el 18 de agosto
La doctora resultó arrestada en agosto del año pasado, tras resultar acusada de dar muerte a su hija de seis años en un aparente brote psicótico. Desde entonces, la medican con tratamientos que, según el abogado, suponen un gasto mensual de entre 20,000 y 30,000 pesos, costeado por sus familiares, quienes ya no pueden sostener la situación.
“Ella no está consciente de lo ocurrido. En nuestras visitas nos habla de la niña como si aún estuviera viva, y pregunta por qué no la llevan a verla. Esto demuestra claramente que no comprende la realidad, ni lo que hizo”, explicó Boció, quien reiteró que no se discutirán los hechos, sino la condición mental de la imputada.
La audiencia sobre el recurso de inimputabilidad está pautada para el 18 del próximo mes. Boció dijo confiar en que el Ministerio Público actuará conforme a la ley y a los principios de respeto a los derechos fundamentales de las personas con padecimientos mentales.
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