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El abogado Carlos Mesa explica la complejidad legal del caso Ángel Martínez y los tipos penales especiales en medios electrónicos
Santo Domingo, RD.- El abogado Carlos Mesa, defensor del comunicador Ángel Martínez, aclaró que las acusaciones por difamación que enfrenta su cliente deben ser tratadas como infracciones de tipo penal especial, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.
Durante una entrevista para el programa radial Enterados, que se transmite los sábados de 7 a 9 am por CDN Radio, Mesa sostuvo que se trata de un proceso que requiere una fase preliminar bajo supervisión del Ministerio Público, por tratarse de una presunta difamación cometida a través de medios electrónicos.
“Cuando la Suprema habla de un proceso preliminar de investigación, establece que debe ser inherente al Ministerio Público. Eso significa que este tipo de infracciones no puede perseguirse de forma privada sin sustanciarse como un proceso ordinario”, explicó el jurista.
Mesa, experto en derecho constitucional y procesal, subrayó que muchas de las acciones legales interpuestas actualmente por supuesta difamación cometen errores de procedimiento al omitir la etapa de rectificación, prevista por la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Según esta normativa, las personas que se sientan afectadas deben agotar primero un proceso de réplica y solicitar la corrección de la información antes de accionar penalmente.
Caso Ángel Martínez
En el caso específico de Ángel Martínez, Mesa denunció una serie de irregularidades durante su arresto, afirmando que lo detuvieron en altamar sin orden judicial. “Para entrar a una morada se necesita una orden de allanamiento, y eso no se cumplió”, afirmó, calificando el operativo como desproporcionado para una acción privada.
Asimismo, señaló que hasta el 26 de mayo de 2025 solo existían dos procesos legales contra Martínez: uno ya cerrado con el dirigente Guido Gómez Mazara y otro pendiente con el diputado Sergio Moya (Gory). Las nuevas querellas por supuesta estafa o extorsión, según Mesa, “son fuegos artificiales” sin fundamento procesal firme.
“Ángel Martínez no tiene domicilio permanente en República Dominicana. Tiene más de 50 años en Estados Unidos. Su único domicilio procesal aquí es el de sus abogados”, aclaró Mesa, al tiempo que aseguró que su cliente está dispuesto a enfrentar cualquier proceso conforme a derecho.
Finalmente, instó a los medios y a la ciudadanía a comprender la diferencia entre procesos civiles y penales en temas de comunicación y reputación, destacando la necesidad de un debido proceso legal.
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