Abogada tributaria considera incorrecta la base de cálculo de la Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo, RD. La abogada especialista en temas tributarios, Marcia Romero, consideró que el principal problema de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos no es la necesidad de financiar el manejo de los desechos, sino el mecanismo utilizado para calcular la contribución que deben pagar las empresas.

Romero explicó que la normativa toma como base gravable los ingresos de las personas jurídicas y no la cantidad de residuos sólidos que realmente generan, lo que, a su juicio, desvirtúa el propósito de la contribución y provoca que empresas con escasa o nula generación de desechos deban pagar montos similares a otras con un mayor impacto ambiental.

La especialista sostuvo que el hecho generador del tributo debería ser la contaminación producida por cada empresa. Explicó que este enfoque seguiría el principio de que quien más contamina debe aportar más al financiamiento del sistema de gestión de residuos.

Las declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.

Cambios a la ley mantienen debate sobre el cobro

Romero recordó que la Ley 225-20 introdujo este esquema en 2020 y luego fue modificada mediante la Ley 98-25, aumentando los montos de la contribución. Indicó que, tras las críticas empresariales, el Congreso amplió las escalas de cobro de seis a doce tramos, con aportes entre RD$5,000 y RD$2.2 millones.

No obstante, afirmó que el cambio mantiene el mismo problema de fondo: gravar la capacidad económica de las empresas y no los residuos que generan. Agregó que las constantes modificaciones de la normativa en cinco años crean incertidumbre jurídica y dificultan la planificación financiera.

La experta señaló que países como Chile, Perú, Colombia y España aplican modelos basados en la responsabilidad extendida del productor. Estos sistemas establecen que las empresas asuman parte del costo del reciclaje y tratamiento de los residuos que generan sus productos, en lugar de pagar según sus ingresos.

Asimismo, propuso que el Estado incentive fiscalmente a las empresas que desarrollen proyectos de reciclaje y reducción de residuos. A su juicio, el esquema actual desmotiva esas iniciativas al priorizar la recaudación sobre la reducción efectiva de la contaminación.