Santo Domingo, RD.- La abogada constitucionalista Maribel Reyes cuestionó el uso del perdón judicial otorgado al pelotero Wander Franco, declarado culpable de mantener una relación con una menor de 14 años, y aseguró que la protección del menor debe primar sobre otras consideraciones.
Reyes señaló que la Constitución establece un interés superior del menor que obliga al Estado a priorizar su protección por encima de otros derechos o figuras jurídicas.
«Aquí lo que había que ponderar era que hubo una violación contra una menor», afirmó durante entrevista en Despierta con CDN, y añadió que ese interés superior debe prevalecer frente a la figura del perdón judicial.
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Perdón judicial a Wander Franco
Explicó que el perdón judicial es una figura prevista en el sistema jurídico dominicano para casos menores, como difamación o riñas, donde se aplica una sanción sin cumplimiento de prisión tras una disculpa pública.
Reyes sostuvo que el perdón no es aplicable cuando el hecho constituye una violación tipificada en el Código Penal y en la ley de protección a la niñez, y que en esos casos debe protegerse primero al menor.
“Incluso cuando sale del Juzgado (Wander Franco) sale aplaudiendo, o sea, yo no creo que este sea el mensaje que se le deba dar a la población de que logramos violar una niña y se sale aplaudiendo”, expresó Reyes.
Sobre el fallo que declara a Franco culpable y al mismo tiempo lo considera víctima, la abogada afirmó que los elementos que habrían servido para condenar a la madre por extorsión no debieron emplearse para exonerar al imputado.
Reyes recordó que los tribunales deben juzgar los hechos: una niña de 14 años y una persona mayor que sostuvo una relación sexual con ella, conducta sancionada por la normativa nacional e instrumentos internacionales ratificados por la República Dominicana.
En su opinión, el juez utilizó la presunta extorsión a favor del imputado, cuando esos mismos hechos debieron contribuir a la condena de la madre y del entorno que vulneró los derechos de la menor.
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Implicaciones procesales y acciones del Ministerio Público
La abogada consideró que el Ministerio Público ha actuado correctamente al perseguir la acción pública y que aún dispone de vías de apelación, incluida la posibilidad de acudir hasta la Suprema Corte de Justicia y el tribunal constitucional.
Reyes opinó que hubo errores en la primera instancia y en la apelación que deben subsanarse y criticó que inicialmente se solicitara una pena de cinco años, que calificó como insuficiente para un caso de abuso sexual contra una menor.
Señaló que la tipificación como abuso en lugar de violación redujo la pena solicitada, cuando, a su juicio, lo procedente habría sido pedir una condena entre 10 y 20 años según la gravedad del hecho.
La abogada concluyó que el Estado y el sistema judicial han fallado al enviar un mensaje equivocado a la sociedad si no se sanciona con rigor el abuso contra niñas y niños.