Abogada advierte sobre nueva etapa regulatoria de los juegos de azar

Tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana, la abogada y especialista Yamile Gutiérrez advirtió que los operadores del sector deberán iniciar un proceso de transformación para adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias, tecnológicas y de cumplimiento.

A la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, Gutiérrez señaló que los operadores deben comenzar a evaluar desde ahora los principales cambios contemplados en el nuevo marco legal.

Entre estos figura la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como organismo autónomo de fiscalización.

El proyecto establece además un plazo de un año para la adecuación de los operadores actuales, quienes deberán regularizar su situación, actualizar su documentación y conectar sus plataformas tecnológicas.

En el caso de las concesionarias de loterías electrónicas con contratos estatales, estas deberán sustituir dichos contratos por una nueva licencia dentro del mismo período de un año.

La especialista también destacó las nuevas exigencias en materia de transparencia corporativa, que incluyen controles sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales.

Licencias, juego online y cumplimiento

El proyecto contempla un régimen específico para los juegos de azar por internet, que estarán sujetos a licenciamientos y controles destinados a prevenir operaciones no autorizadas.

En cuanto a la vigencia de las licencias, Gutiérrez explicó que serán de tres años para bingos; cinco años para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; y 10 años para casinos, bancas deportivas, licencias de tragamonedas y juegos de azar por internet.

El nuevo marco también incorpora disposiciones sobre juego responsable, con medidas dirigidas a la protección de menores y la prevención de adicciones, incluyendo avisos obligatorios en los establecimientos.

“Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa”, indicó Gutiérrez.

La abogada sostuvo que el régimen sancionador es uno de los aspectos que requiere mayor atención, debido a que el cumplimiento no se limitaría a la obtención de una licencia, sino que deberá mantenerse durante toda su vigencia.

Según explicó, el proyecto contempla sanciones que van desde multas administrativas hasta penas de prisión de hasta 10 años para directivos y accionistas en determinados casos de incumplimiento.

“No habrá verdadera transformación mientras cumplir la ley resulte más costoso que incumplirla. Quien cumple, opera; quien incumple, enfrenta consecuencias”, concluyó Gutiérrez.