Santo Domingo, RD.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, enfrenta un nuevo revés tras la reciente retirada de la propuesta de Ley de Modernización Fiscal, que buscaba implementar nuevos impuestos a la población. Este es el segundo intento fallido de Abinader por gravar la economía de los dominicanos, ya que en 2020 planteó la posibilidad de gravar incluso la regalía de Navidad.
Un historial de medidas reculadas
Desde su llegada al poder en 2020, Abinader ha tenido que retroceder en varias ocasiones ante la presión pública y mediática. La propuesta fiscal no es un caso aislado; a lo largo de su mandato. También ha presentado múltiples medidas que han generado descontento entre la población, obligándolo a dar marcha atrás.
Por ejemplo, en medio de la pandemia de COVID-19, el presidente intentó implementar impuestos «transitorios» que afectarían el salario 13 y las compras por Internet. Estas propuestas fueron rápidamente rechazadas por la ciudadanía.
En enero de 2022, Abinader propuso un fideicomiso público para la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, pero tuvo que posponer la iniciativa tras denuncias sobre posibles privatizaciones. Posteriormente, en febrero, intentó implementar un sistema de «carnets del Habitante Fronterizo». También se neutralizó rápidamente por las autoridades.
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Proyectos controversiales
El gobierno también presentó en junio de 2022 un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, conocido como la «ley mordaza». El mismo se rechazó por las amenazas que suponía a la libertad de expresión. Además, el ajuste de tarifas eléctricas previsto en julio generó un fuerte descontento, llevando al gobierno a suspenderlo, aunque con un aumento ya aplicado.
Otro intento controversial fue una resolución del Ministerio de Administración Pública que limitaba los nombramientos y aumentos salariales, lo que también desató críticas. Al final de 2022, se intentó regularizar a víctimas indocumentadas a través de un proyecto de ley de Tráfico Ilícito de Migrantes. También de Trata de Personas, que también encontró resistencia.
Más recientemente, en 2024, el presidente sometió a diálogo una ley que modificaba las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en respuesta a preocupaciones sobre la afectación de derechos fundamentales.
