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Santo Domingo, República Dominicana.- En su informe final, la Cámara de Cuentas indica que la auditoría sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que abarca desde el inicio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, tuvo como objetivo determinar “el costo del activo y el costo financiero que significó para el Estado dominicano la construcción de la citada obra”.
No obstante, en el propio documento admite que “hasta el 31 de diciembre de 2021, no fue posible aplicar procedimientos de auditoría, debido a que no fueron suministradas las informaciones financieras correspondientes al período desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pese a ser requeridas formalmente [al Ministerio de Energía y Minas (MEM)] en reiteradas ocasiones”.
Esa declaración evidencia que la auditoría solo alcanza hasta el 31 de diciembre de 2020. Aun así, la Cámara de Cuentas decidió mantener el mismo período de revisión. Lo que en la práctica significa eximir de responsabilidad a la administración que dirigió la CTPC durante 2021.
Más detalles
La omisión no es un asunto menor. A lo largo de ese año se cometieron graves y costosos errores operativos. El más notorio fue permitir que se agotara el carbón mineral de la planta, lo que obligó a reducir la generación eléctrica. A comprar el combustible de forma directa a un precio promedio de 240 dólares por tonelada métrica. En lugar de los 67 dólares (o menos) que habría costado mediante una licitación convocada en marzo de 2021, bajo la Ley 340-06.
Resulta, por tanto, desconcertante que la CC sostenga que la auditoría se extiende hasta diciembre de 2021. Sin haber examinado un solo documento de dicho año, precisamente cuando la negligencia de los nuevos responsables de la CTPC. Ocasionó pérdidas superiores a los 320 millones de dólares al pueblo dominicano.
Aquí cabe preguntar: ¿A quiénes protege la Cámara de Cuentas al aceptar como bueno y válido el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. Esto sin haber revisado un solo documento de ese período?
Por: Jaime Aristy Escuder.
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