Uno de los jueces en arbitraje caso Vertedero Duquesa advirtió corrupción

Se trata de Marcelo G. Kohen quien emitió un voto dicidente en la decsion que condeno al país a pagar US$43 millones en caso Vertedero Duquesa

Santo Domingo, R.D.-El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes tuvo acceso a la sentencia que condena al gobierno dominicano a indemnizar con 43 millones de dólares a Michael Anthony Lee-Chin, propietario de Lajun Corporation, en el arbitraje internacional que interpuso esa empresa por la cancelación del contrato en el manejo del Vertedero de Duquesa.

La investigación revela que las irregularidades en relación con este caso quedaron patentes; incluso, uno de los tres miembros del tribunal emitió un voto disidente . En el mismo revela con contundencia la presencia la corrupción que ha envuelto el contrato de manejo del Vertedero Duquesa.

Marcelo G. Kohen, fue el árbitro que emitió una opinión disidente en el Laudo Final, discrepando con la mayoría en puntos clave. Critica la falta de establecimiento claro de la calidad de inversionista y la ligereza en la confirmación de inversiones indirectas.

Además, Kohen censura la desviación de las reglas de interpretación de tratados y la evaluación de la seguridad nacional. Ahí subraya la necesidad de un análisis más riguroso.

Juez cuestionó la veracidad de la inversión de Lajun

En el documento, Kohen se hace la pregunta de si se ha realizado una inversión jamaiquina en la Republica Dominicana en el caso del vertedero Duquesa, en la cual establece una inconsistencia en la nacionalidad. Esto, porque de acuerdo para administrar Duquesa se presentó inicialmente como canadiense ante las autoridades dominicanas. Luego la afirmación de su nacionalidad jamaiquina surgió más tarde, generando dudas sobre la consistencia y veracidad de la información presentada.

El árbitro del tribunal argumenta que, aunque el demandante aparece como representante en documentos, esto no establece necesariamente su control real sobre las inversiones. Y  cuestiona la interpretación de la mayoría que considera esta representación como prueba de titularidad.

Juez advirtió engaño de parte de dueños de Lajun Corporation

Además, asegura que hay información engañosa y falta de transparencia en caso Vertedero Duquesa. En el entendido de que alegadamente Lee Chin informó a las autoridades dominicanas que estaba «invirtiendo en nombre de estados soberanos y fondos de pensiones importantes», lo que podría interpretarse como desinformación. Y plantea preguntas sobre la buena fe en las relaciones internacionales.

En el texto, Kohen pone en duda la supuesta reunión entre el empresario canadiense o jamaicano, su hijo y el inversor dominicano, José Asilis Elmudesí con el presidente Danilo Medina, no se confirma de manera concluyente.  Y alega que incluso si la reunión ocurrió, se argumenta que la presencia del demandante no prueba la titularidad de las inversiones.

El árbitro detalla la falta de pruebas solidas sobre el origen de los fondos utilizados en las inversiones para la compra de terrenos del vertedero de Duquesa. Especialmente en la adquisición de cuotas sociales y terrenos. Y las diferencias de precio entre documentos legales, sugiriendo posibles irregularidades y fraudes fiscales.

En detalle, no hay pruebas que respalden la afirmación de Lee Chin, autodenominado «inversor indirecto», sobre gestiones previas ante Lution y Kigman del Sur. Estas supuestas gestiones buscaban que estas empresas intercedieran ante Nagelo y Wilkison, dueñas de Lajún y del Terreno, en relación con la inversión alegada.

Destaca también las ventas de junio de 2013, donde José Antonio López Díaz y Darleny Indhira López Polanco vendieron porcentajes de Lajún a Nagelo y Wilkison. El Acta de la Asamblea de Lajún, firmada por Luis José Asilis Elmudesi, representa a Wilkison y Nagelo. Ese día, López Díaz también vendió el Terreno a Nagelo y Wilkison.

Cuestiona documentos presentados en la compra de los terrenos

El árbitro establece que, ese día Lee Chin afirma que se convirtió en propietario indirecto del 90% de Lajún y del Terreno a través de Lution e Kigman. La prueba del pago del Terreno es un «recibo de pago» firmado por López Díaz en noviembre del 2016, más de tres años después de la venta, por 2 millones 500 mil dólares. La inscripción formal de la venta del inmueble se realizó en diciembre de 2016, también más de tres años después del contrato de venta.

En este mismo, tenor Kohen agrega que, la mayoría cometió tres errores clave al evaluar la prueba de que Michael Lee Chin, realizó la inversión en Lajún y en el terreno. Se centra en el alcance del Laudo Parcial, la interpretación del Tratado y la valoración de la prueba.

Aunque el Laudo Final afirma que el vínculo entre Lee Chin y la inversión se confirmó en el Laudo Parcial, se destaca que este último no abordó la cuestión de fondo y dejó su resolución pendiente para la etapa actual del proceso, aspecto que el Laudo Final no trató de manera adecuada.

Cuestiona procedencia de fondos de empresarios

Además agrego, que la mayoría utiliza la representación de Nagelo por Michael Lee Chin como prueba, sin considerar que representación no implica titularidad ni control. Destaca que Luis José Asilis Elmudesi representa tanto a Wilkison como a Nagelo en documentos relevantes. Por lo que cuestiona la falta de claridad sobre la procedencia de los fondos para la adquisición, ya que ninguna transferencia se hizo a nombre del Lee Chin ni de las sociedades que supuestamente controla.

Para el abogado Waldys Taveras, director Mancomunidad Gran Santo Domingo, hubo una componenda de y pago de deudas entre políticos y empresarios.

El profesor Kohen, critica la afirmación de Lee Chin sobre transferencias desde Barbados y Canadá, ya que los documentos carecen de certificación oficial y no hay evidencia pública contemporánea que respalde su titularidad sobre las sociedades: AIC y Portland destacando que el Laudo Final no examina estos documentos, a pesar de su importancia.

En el documento, el árbitro resalta la deficiencia de la prueba de las transferencias para el pago de las cuotas sociales o del Terreno, ya que no hay documentación bancaria que respalde claramente la dirección de las transferencias. A pesar de esto, el Laudo Final argumenta que no es necesario que el Lee Chin establezca específicamente el origen de los fondos, basándose en la discreción del Tribunal para apreciar el vínculo entre el este y la inversión, ya sea directo o indirecto.

Observó irregularidad en la conformación societaria

En el mismo Kohen detalla que, las inversiones, independientemente de su origen, presentan irregularidades tanto en la transferencia de cuotas sociales de Lajún como en la adquisición del Terreno. Una de estas irregularidades es la disparidad en el precio de compra registrado en el Acuerdo de compra de acciones y en el Acuerdo Marco, lo cual podría implicar un fraude fiscal.

A pesar de que el Laudo Final cataloga estas discrepancias como «menores» y considera «plausible» la explicación proporcionada por Lee Chin, no ofrece detalles adicionales al respecto. El Laudo Final también destaca la falta de acción pronta por parte de la autoridad fiscal y argumenta que la prueba presentada por Republica Dominicana sobre el impago de impuestos «no demuestra la existencia de una actividad ilícita».

En el documento, Kohen destaca que tanto el Acuerdo Marco y el contrato de venta del Terreno, como el contrato de venta de cuotas sociales, fueron elaborados el mismo día, pero con precios distintos y ante dos notarios diferentes. Esta discrepancia de más de 7 millones de dólares.

En su opinión disidente, el Profesor Marcelo G. Kohen plantea varios argumentos críticos respecto a la presunta violación de las obligaciones del tratado. Destaca la relación contractual entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y Lajún bajo el derecho dominicano y señala que la controversia no se originó con la adquisición de cuotas sociales por parte de Nagelo y Wilkison, sino con denuncias de incumplimiento de contrato en julio de 2013 y la rescisión del contrato en 2013.

Subraya la cuestión fundamental de las tarifas pagadas por los municipios, indicando que Lajún aceptó inicialmente las tarifas propuestas para ganar la licitación, pero luego solicitó su revisión, generando tensiones y medidas unilaterales, como el aumento de tarifas.

Juez criticó falta de investigación de autoridades dominicana

Kohen también destaca que el Laudo Final no examina adecuadamente el comportamiento de Lajún después del segundo acuerdo transaccional de mayo de 2017 y critica la falta de análisis sobre el contenido del plazo de 30 dado por Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a Lajún en julio de 2017.

Además, cuestiona la afirmación de la mayoría sobre una «expropiación progresiva indirecta», argumentando que la decisión carece de fundamentos sólidos y que el análisis de la mayoría sobre la violación de la obligación de un trato justo y equitativo y la cláusula «paraguas» es insatisfactorio.

El Profesor Marcelo G. Kohen presenta argumentos disidentes en relación con la decisión mayoritaria sobre la falta de afectación a la seguridad nacional. Destaca la declaración de emergencia ambiental y sanitaria en el Vertedero Duquesa en julio de 2017, señalando que la seguridad nacional incluye la salud de la población y el medio ambiente.

Disiente con la interpretación de la mayoría sobre el alcance «nacional» y la afirmación de que la situación no afectaba a toda la nación, ya que considera que la capital de la República, donde se encuentra el vertedero, alberga a más del 40%  de la población total del país.

Evidencia la falta de importancia a declaratoria de emergencia

Además, Kohen critica la importancia otorgada por la mayoría a la falta de declaración de un estado de emergencia, argumentando que hay otras formas de abordar situaciones relacionadas con la seguridad nacional.

Expone que la mayoría realiza un análisis desequilibrado de la buena o mala fe de las partes y cuestiona el análisis psicológico realizado sobre el accionar del Estado.

En última instancia, sugiere que el Laudo Final carece de equilibrio en su evaluación de la inversión y las acciones del Estado, y que podría perjudicar la percepción de la práctica de los tribunales de inversión en un momento en que la transparencia y la protección del medio ambiente son temas prioritarios a nivel internacional.

Origen de arbitraje en caso Vertedero Duquesa

En el litigio entre Michael Anthony Lee-Chin y la República Dominicana, surgió la disputa sobre la alegación de una presunta expropiación ilegal de la inversión de Lee-Chin por parte del Estado dominicano en la compra de los terrenos del vertedero de Duquesa.

Según Lee-Chin, el Estado no podía expropiar inversiones extranjeras sin motivos de interés público, de manera no discriminatoria y con compensación adecuada. Alegó que la expulsión de Lajún y la toma del Relleno Sanitario constituyeron una expropiación ilegal que destruyó el valor de su inversión.

La República Dominicana defendió la rescisión del Contrato de Concesión como legal, basándose en decisiones judiciales locales. Argumentando que la toma de control del Vertedero Duquesa cumplió la legislación ambiental y negó una expropiación en relación con el Terreno Adicional, para Domingo Contreras la firma de abogado a elegir debió ser experta en temas ambiental.

El tribunal de este arbitraje esta conformado por Diego P. Fernández-Arroyo (presidente) y los coárbitros Christian Leathley (designado por Lee-Chin) y Marcelo Kohen (designado por República Dominicana).

Gobierno dominicano fue condenado a pagar 43 millones de dólares a Lee Chin y sus socios.