Santo Domingo. – El proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley núm. 225-20) busca fortalecer el marco normativo de esta pieza, produciendo cambios en varios artículos y numerales.
Tras la aprobación en el Senado de la República y su declaración de urgencia en dos lecturas consecutivas, sectores lanzaron críticas contra la iniciativa. Se alega que la pieza fue aprobada sin consenso y bajo un proceso “acelerado”.
Luego de todas las reacciones generadas, el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, analizó el contenido que será modificado para entender si esta reforma mejora u obstaculiza la gestión de residuos sólidos en el país.
Presentación y cambios
Dicho proyecto fue presentado por el senador Ramón Rogelio Genao, de la provincia La Vega. El documento que contiene los cambios cuenta con 27 páginas, en las que están plasmados 38 artículos. Aquí se establecen regulaciones más estrictas sobre el uso de materiales no biodegradables. Modifica el artículo 4, en los numerales 11, 38, y 39.
En el numeral 11 se habla de la estación de transferencia de los residuos, al comparar lo establecido en la ley y lo que plasma el proyecto, el sitio de disposición final en lo adelante solo iría ante un relleno sanitario autorizado, sin la modificación los residuos pueden ir a planta de valorización o coprocesamiento.
El proyecto, también introduce cambios en los artículos 16 y 17, con el objetivo de preservar el equilibrio entre el ser humano y su entorno. También prevenir, solucionar, corregir o erradicar aquellas situaciones que amenacen la calidad de los recursos naturales y la biosfera.
Mientras que la modificación del artículo 36 en el proyecto ha sido uno de los más criticados. En este se establece que toda persona jurídica o entidad incluyendo asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberá pagar una contribución especial obligatoria.
En lo adelante, la persona jurídica o entidad con ingresos de hasta un millón de pesos aportarán 1,200 pesos dominicanos. Mientras que los que tengan ingresos de un millón de pesos hasta 10 millones aportarán 2,400 pesos dominicanos. Se establece además que las personas jurídicas o entidades con ingresos de 2 mil millones de pesos en adelante aportarán 10 millones de pesos dominicanos.
Reacciones de empresarios
El vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, afirmó que todo el andamiaje productivo en República Dominicana se verá afectado, porque se trata de un incremento sin ningún tipo de justificación y sin criterios técnicos.
En tanto que el presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Alberto Leroux, indicó que ese sector cumple con el pago correspondiente al impuesto por residuos sólidos, pero que el proyecto de ley lacera de manera abusiva y desproporcionada a los comerciantes, sin plantear un plan claro y bien definido de dicha recaudaciones.
Las contribuciones antes mencionadas, según el proyecto de ley, son obligatorias, independientemente de que perciban o no beneficios.
Otras modificaciones
Se modifica el numeral 4 del artículo 38, que dispone que los contratos entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados tendrán una vigencia mínima de 10 años.
El proyecto de ley redefine conceptos en el artículo 109, donde se establece que los desechos sólidos no deberán permanecer más de 48 horas en el lugar de transferencia.
Otro artículo modificado es el 140, donde se establece el sistema de cobro por servicios, en la normativa aprobada originalmente, los pagos se cobraban por las cantidades de toneladas recibidas que oscilaban entre 300 y 1,200 pesos. En lo adelante, los pagos se efectuarán por los kilos recibidos y los pagos serán de 0.75 a 4.50 pesos.
Además, se modifica el numeral 14 del artículo 172, obligando a todas las empresas fabricantes de envases plásticos a incorporar al menos un 30 % de resina reciclada en la producción de sus productos.
También establece en su artículo 21 que, en un plazo máximo de dos años, los fabricantes de botellas plásticas deberán utilizar tapas de polipropileno en dichos envases.
La modificación de la pieza legislativa, también establece la incorporación de reciclaje en la producción de cemento. Las cementeras tendrán la obligación de incorporar un mínimo de un 30% de combustible, derivado de residuos como combustibles alternativos en sus calderas.
Más quejas
Muchos sectores en el país han catalogado de «inalcanzables» las metas de reciclaje. Naciones con sistemas avanzados, como México y España, no han logrado sus objetivos.
Incluso, señalan que la reforma se desarrolló sin agotar un proceso de consulta participativo en el proceso legislativo. Esto dio un resultando con un impacto negativo y desproporcionado para empresas.
Luego de las duras críticas contra el proyecto que modificaría la Ley 225-20, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que, tras el análisis debido, es muy probable que los diputados cambien algunos artículos de la pieza.