Cárceles dominicanas: dos modelos y una crisis

Santo Domingo. – En la República Dominicana la gestión penitenciaria está dividida en dos modelos de gestión, popularmente conocidos como Nuevo y Viejo Modelo, ambos regulados por la Ley 113-21, que suena bien en el papel, pero lucha por hacerse realidad en los hechos.

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes investigó sobre las iniciativas que buscan mejorar las condiciones de sobrepoblación, inseguridad, violencia y corrupción que caracterizan el sistema carcelario.

Motines, peleas, ejecuciones, secuestros, extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, competencias de consumo de drogas y el abuso de poder son piezas que completan este rompecabezas de caos y desesperanza en las cárceles.

La falta de control por parte de las autoridades agrava esta crisis, dejando claro que la rehabilitación de los internos es una meta distante.

En 2004, con el Nuevo Modelo Penitenciario, se prometió un cambio. Espacios seguros, condiciones dignas, y una verdadera oportunidad de rehabilitación. Pero, dos décadas después, se trata de un sistema que, aunque renovado, parece atrapado en los mismos vicios del pasado.

Según el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, el sistema penitenciario se encuentra en un crisis profunda de credibilidad.

Mientras que para director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, las malas prácticas del modelo tradicional, ha absorbido al nuevo modelo.

Estos lugares, más que ser espacios de rehabilitación, se han convertido en campos de batalla, donde la supervivencia está en juego. La violencia, la falta de recursos y la sobrepoblación hacen que cualquier intento de control sea insuficiente.

Panorama Preocupante

Según datos de la Dirección de Servicios Penitenciarios, para julio de 2024, la población penitenciaria alcanzó los 25,987 internos, de los cuales un 97.4 % son hombres y apenas un 2.6 % mujeres.

Estos se encuentran distribuidos en 46 centros penitenciarios a nivel nacional: tres Centros de Atención de Privados de Libertad (Caplip), 24 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y 19 Centros de Privación de Libertad (CPL), muchos de los cuales padecen una grave sobrepoblación.

La Victoria y Las Parras

La cárcel de La Victoria lidera el escenario de hacinamiento con casi 5 mil internos, un 19.2 % de la población penitenciaria total.

Mientras que la cárcel Las Parras, aun en proceso de construcción, fue presentada como la solución al hacinamiento extremo de La Victoria.

En octubre de 2018, el entonces procurador Jean Alain Rodríguez anunció el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, prometiendo 70 obras con una inversión estimada de 8,500 millones de pesos.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Solo Las Parras, concebida para albergar a los internos de La Victoria, consumió casi la totalidad del presupuesto del plan, con un costo que supera los 8,300 millones de pesos.

Cuando las actuales autoridades asumieron el control, denunciaron graves fallas estructurales, falta de agua y electricidad, y otros problemas.

La necesidad de poner en marcha Las Parras volvió a quedar en evidencia, tras el incendio que arrasó con parte de la penitenciaría de La Victoria en marzo de 2024. El desastre dejó más de 10 muertos y decenas de heridos.

Incidentes

En enero de 2025, en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, al menos tres internos habrían sufrido sobredosis, tras participar en una presunta competencia de consumo de drogas. Una de estas vidas se perdió, dejando al descubierto, una vez más, el caos que reina tras los muros.

En el año 2024 en La Vega, Gregorio Carrasco, conocido como Papito Forever, asesinó a su pareja durante el horario de visitas. Un crimen que pasó desapercibido hasta horas después. Porque, en teoría, los sistemas de vigilancia estaban funcionando.

En 2023, Fausto Miguel Cruz, condenado por el asesinato del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, realizó una llamada en vivo a un programa radial nacional. Más de 25 minutos, en plena transmisión. De este hecho surgieron preguntas con respuestas ¿Cómo obtuvo un teléfono?.

En La Victoria, en 2022, las autoridades descubrieron una red de cámaras clandestinas instaladas por los mismos internos. Cientos de dispositivos de vigilancia, armas, routers y celulares.

Otras debilidades

Estos casos, aunque impactantes, son solo la punta del iceberg. Se trata de un sistema penitenciario que, pese a los intentos de modernización, no logra garantizar ni la seguridad ni los derechos humanos, alimentando una criminalidad que trasciende las rejas.

Un sistema diseñado para reinsertar, pero que en muchos casos solo recicla delincuentes. Así podría describirse la realidad del sistema penitenciario dominicano, donde las promesas de rehabilitación chocan con un modelo que no logra cumplir los estándares más básicos de dignidad y efectividad.

“Son centros de especialización de crímenes y delitos. Tú puedes entrar por una riña, un pleito, entre uno y otro y donde nunca se habían visto envueltos en un problema y en la cárcel. En la República Dominicana tú sales con una maestría y con una especialización en cualquier tipo de crimen que se pueda cometer”

Rodolfo Valentín Santos,  director Defensa Pública

A pesar de los avances que representa el nuevo modelo penitenciario, el país sigue lejos de alcanzar los objetivos de la Ley 113-21. Esta legislación, creada para humanizar las penas y garantizar los derechos humanos, contrasta con una dura realidad: la mayoría de los centros penitenciarios funcionan bajo un sistema arcaico, donde la falta de condiciones mínimas de habitabilidad es la norma.