Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo. – La Operación Camaleón ha destapado en la República Dominicana un presunto entramado de corrupción y crimen organizado entre empleados públicos y empresarios, dedicado al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, robo de identidad y hasta una red de espionaje.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes analizó la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) en la Operación Camaleón. El órgano persecutor solicitó medidas de coerción contra siete personas físicas y tres empresas, además la declaratoria de complejidad del proceso.
Los Imputados
El órgano persecutor informó que tiene una serie de 245 pruebas en la Operación Camaleón, las cuales consideran suficientes para respaldar las acusaciones. Entre los imputados están Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); y el empresario Jochi Gómez.
Según la PEPCA, Hugo Beras coalicionó para violar la ley con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempañaba como coordinador de despacho y representante del director ejecutivo del INTRANT ante el comité de compras de la entidad; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones del INTRANT, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT.
Los anteriormente señalados habrían formado una asociación de malhechores con Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano, amañando un proceso de licitación que le fue adjudicado a estos por la suma de RD$ 1,317,350,997.00.
Las Empresas
La investigación en la Operación Camaleón surge tras denuncias de irregularidades en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional núm, INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, llevado a cabo por el INTRANT para la «Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo».
Además de la referida adjudicación, le fue otorgado a estos últimos, a través de Transcore Latam S.R.L., el control de video vigilancia del gran Santo Domingo, quienes procedieron a vincular dichos sistemas semafórico en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., propiedad del imputado Jochi Gómez.
De igual forma, crearon un esquema de lavado de activos, a través del cual movilizaban el dinero que Transcore Latam S.R.L. recibió de parte del INTRANT. Así lo transferían a las cuentas de INPROSOL S.R.L., cuyo representante es Carlos José Peguero Vargas.
Irregularidades en Licitación
La PEPCA señaló anomalías durante la fase de precalificación de oferentes, proceso que se llevó a cabo antes de que la licitación fuera publicada. Así se evidenció que se hizo “un traje a la medida”.
Según la acusación en la Operación Camaleón, el exdirector del INTRANT fue el coautor de poner el pliego de condiciones la red semafórica del gran Santo Domingo en manos de una persona con antecedentes de hacer uso ilícito de las informaciones.
Antes del citado proceso de licitación, conforme con el expediente, el grupo de empresarios valiéndose de alguna artimaña lograron en junio de 2020 que el Ministerio de Defensa (MIDE) le firmara un contrato supuestamente ilegal para que la organización criminal tuviera acceso a informaciones sensitivas del Estado e ingresaran al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
Los peritos revelaron que los imputados impugnaron la decisión del órgano de control que le notificó las graves irregularidades del proceso de licitación y que los funcionarios, al momento de los hechos, recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario.
Otras Anomalías
Otra de las inobservancias detectada en la investigación de la Operación Camaleón es la usurpación de identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado. Ya que colocaron cientos de cámaras en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización.
Asimismo, en la Operación Camaleón se robaron y usaron identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulento.
Igualmente, el Ministerio Público señaló que crearon una compleja red de espionaje satelital, en el que hacían extracciones ilegales de informaciones telefónicas. Los peritos indicaron que los acusados también colocaban drones en lugares estratégicos para luego usar los vídeos de manera ilícita.
Cronología de la Licitación
La PEPCA también detalló en la Operación Camaleón que la licitación inició en abril de 2022 por el exdirector del INTRANT, Rafael Arias. El presupuesto era de RD$ 1,648,000,000.00.
En mayo, Jochi Gómez adquirió el dominio Transcore.com.do y usurpando la identidad de Jorg Brinkmeyer, solicitó el registro de la empresa Transcore Latam S.R.L. Esto para participar en una licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El 7 de julio, Jochi Gómez registró la empresa, aunque los ejecutivos de TransCore LP negaron vínculos con él. El 30 de junio, Pedro Vinicio Padovani renunció al INTRANT para trabajar con Jochi Gómez.
En agosto, Hugo Beras fue nombrado director del INTRANT y formó un Comité de Compras. El Plan Anual de Compras de la institución para 2023 estimaba RD$ 808,000,000.00 en compras, inferior a los montos investigados.
La licitación pública estaba fijada en RD$ 413,000,000.00, pero en enero de 2023, Hugo Beras junto a otros, según el Ministerio Público, formó una asociación criminal para cometer actos de corrupción, incluyendo a Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani, acciones desmanteladas en la Operación Camaleón.
El entonces director del INTRANT gestionó un aporte de RD$ 1,200,000,000.00 a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE). Este monto era proveniente del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Se desembolsaría en tres partes: un 35% en febrero, otro 35% en junio y el 30% restante en septiembre de 2023.
Las actividades administrativas para el uso de estos fondos comenzaron el 14 de febrero de 2023, con la certificación de Juan Francisco Álvarez Carbuccia. Sin embargo, se detectó un proyecto no planificado que requería presupuesto externo, llevando a un apagado temporal del Sistema Integrado de Gestión Financiera.
El Pago
Para el 26 de abril de 2023, los fondos no habían sido transferidos al INTRANT. Pero ya se había programado un cronograma de pagos: 20% para mayo, 50% para agosto y 30% para octubre.
A pesar de iniciar el proceso sin los fondos, Hugo Beras y Juan Francisco Álvarez comprometieron el presupuesto del INTRANT para el primer pago.
Las visitas técnicas se realizaron antes del 16 de marzo y se fijó la apertura de propuestas para el 11 de abril. A pesar de los cambios, Transcore Latam S.R.L. fue inscrita como proveedor del Estado, evidenciando su falta de idoneidad.
En marzo, se modificó el pliego de condiciones, eliminando la obligación de recaudar en la red semafórica existente. Con este punto debió reducir el costo del proyecto, pero resultó en una adjudicación más alta.
Luego se realizó una enmienda que permitió cambios que beneficiaron a la empresa adjudicada Transcore Latam S.R.L. Además, la oferta fue superior al monto original asignado de RD$ 1,200,000,000.00.
Surgen las dudas
En abril de 2023, Ricardo Echandi, de Sistemas Integrados de Control S.A., recomendó a la empresa TransCore LP, sin especificar su relación con Transcore Latam S.R.L. En respuesta, Michael Mauritz, vicepresidente de TransCore LP, de Nashville, Tennesse, empresa responsable de sistemas instalados en diversas ciudades de Estados Unidos, certificó que no había vínculos con Pedro Vinicio Padovani ni Jochi Gómez.
El 7 de junio de 2023, Echandi denunció a Transcore Latam S.R.L. por el uso indebido de información técnica de su empresa. Asimismo, TransCore LP solicitó una investigación sobre el mismo proceso, confirmando que no había autorización para utilizar su nombre.
Después de la adjudicación, Hugo Beras y Frank Atilano Díaz Warden recibieron una denuncia de Ricardi Echandi y Sistemas Integrados de Control S.A. sobre Transcore Latam S.R.L., solicitando que se detuviera la firma del contrato. A pesar de esto, el 19 de junio de 2023, firmaron el contrato, ignorando la recomendación del consultor jurídico del INTRANT.
El contrato, por cinco años, incluía cláusulas beneficiosas para Transcore Latam S.R.L., que no estaban en el pliego original. Se pagaron RD$ 65,000,000.00 en dos libramientos en agosto y octubre de 2023. Las facturas recibidas por el INTRANT presentaron irregularidades y no cumplían con los procesos de fiscalización.
Red de Radiocomunicación
El Ministerio Público sostiene que en la Operación Camaleón Hugo Beras, tras el contrato ilegal entre INTRANT y Transcore Latam S.R.L., buscó establecer una red de radiocomunicación privada en la banda de 2,300 MHz. Esto le permitiría a Jochi Gómez expandir su capacidad de espionaje y vigilancia, ya que operando en esta banda podría interceptar señales de comunicaciones cercanas y acceder a datos personales, llamadas telefónicas, transmisiones de video, navegación por Internet y mensajes de texto sin autorización.
También podría dirigir ataques a infraestructuras de telecomunicaciones mediante interferencias, afectando sistemas en empresas, instalaciones gubernamentales y redes públicas, así como lanzar ciberataques.
El 30 de agosto de 2023, Hugo Beras solicitó a Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) frecuencias para mejorar la comunicación del tránsito. El 12 de octubre, reiteró su solicitud para centros de emisión de licencias.
Sin embargo, comenzaron a usar el espectro sin autorización. El 16 de enero de 2024, INDOTEL comprobó el uso no autorizado de la banda de 2,300 MHz desde un transmisor de INTRANT. Se confirmó que utilizaban frecuencias libres para la comunicación de semáforos.
El 11 de marzo de 2024, INDOTEL exigió el cese del uso no autorizado y el retiro del equipo. El 9 de abril, declaró inadmisible la solicitud, ya que esa banda se asignaría mediante concurso público para telecomunicaciones móviles.
Contrato con MIDE
En el marco de la Operación Camaleón, el Ministerio Público ha formulado serias acusaciones contra Jochi Gómez, relacionado con la firma de un acuerdo, que tacha como ilegal entre el Ministerio de Defensa (MIDE) y la empresa Aurix S.A.S. de su propiedad. Este contrato fue firmado el 23 de junio de 2020 y con vigencia de 12 meses. Ha sido señalado como un intento de Jochi Gómez de controlar y manipular información de seguridad nacional.
Según la medida de coerción, el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix S.A.S. acordaron que la empresa proporcionaría cooperación pública y privada en la evaluación de riesgos de personas y entidades durante investigaciones.
Las obligaciones de Aurix S.A.S. incluían la recopilación de información sobre perfiles de riesgo y el uso de software especializado. También la autorización para el uso de su logotipo en las instalaciones del MIDE.
Sin embargo, el oficio número 12249, emitido por el también exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, reveló que no hay registros de pagos o de relaciones oficiales entre el MIDE y Aurix S.A.S. Esto sugiere que el acuerdo fue oculto y que las intenciones detrás eran ilegítimas.
Jochi Gómez, conforme el documento del Ministerio Público, utilizó esta situación para llevar a cabo prácticas ilegales como chantajes y extorsiones. También usurpó funciones propias de organismos de seguridad como la Policía Nacional.
El documento indicó que pudo corroborar que no existe acuerdo ni convenio alguno entre la Policía Nacional y la empresa Aurix S.A.S. Lo mismo que con la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos de investigación.
Otras Pruebas
Entre las evidencias de mayor peso encontradas en la Operación Camaleón en poder de Jochi Gómez, señalado como principal beneficiario del presunto entramado corrupto y de desfalco al Estado en el caso Camaleón, se incluyen copias de dos comunicaciones de procesos internos del INTRANT, de los cuales el citado imputado no tenía por qué estar en conocimiento.
Se trata de una carta remitida por el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto, al entonces director del INTRANT, Hugo Beras, en la que se advertía sobre el peligro de poner en manos de una empresa privada el control y monitoreo de la red semafórica del gran Santo Domingo.
Asimismo, en poder de Jochi Gómez fue encontrada una comunicación interna del INTRANT en la que se disponía la sustitución del encargado de Tecnología, Samuel Baqueró Sepúlveda, este último señalado como pieza clave para la entrega del control de la red semafórica a técnicos de Transcore Latam S.R.L.
Igualmente, en manos de Jochi Gómez el Ministerio Público encontró dos comunicaciones entre la PEPCA y la Contraloría General de la República, la primera con fecha del 1 de diciembre de 2023, en la que el ente del Ministerio Público solicitaba una certificación correspondiente a los pagos desembolsados por el INTRANT a la empresa Transcore Latam S.R.L., mientras que en la segunda se solicitaba la apertura de una investigación ante las anomalías detectadas en el contrato con la citada empresa.
Según el expediente de la Operación Camaleón, se comprueba que el imputado Jochi Gómez mantenía monitoreada las comunicaciones entre la PEPCA y la Contraloría General de la República.
Más sobre Espionaje
El expediente de la Operación Camaleón establece que dos vehículos vinculados al imputado fueron retenidos en el entorno de la Procuraduría General de la República. Dentro de uno de ellos el Ministerio Público encontró nombres de jueces, abogados ayudantes, alguaciles de estrado y oficinas de alguaciles. Esta acción es interpretada por la PEPCA como evidencia de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por Jochi Gómez a funcionarios del sistema judicial.
Según el procurador Wilson Camacho, el caso Camaleón no solo es una estafa al Estado, sino de un atentado contra la seguridad vial.
La PEPCA incluye entre sus evidencias testimonios de 53 personas, entre pasados y presentes funcionarios del INTRANT, así como de ejecutivos de Transcore Latam S.R.L.
