Santo Domingo. En enero se aprobó en el Senado y se declaró de urgencia, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de ley que busca modificar la ley 225-20 de residuos sólidos.
Dicho proyecto lo presentó el senador Ramón Rogelio Genao, de la provincia La Vega. El documento que contiene los cambios cuenta con 27 páginas. En ellos se plasman 38 artículos que establecen cambios y regulaciones más estrictas sobre el uso de materiales no biodegradables.
Artículos más controvertidos
Entre los cambios más controvertidos se encuentran la modificación del artículo 36. En él se establece que toda persona jurídica o entidad incluyendo asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otro ente que reporte anualmente sus ingresos a la DGII deberá pagar una contribución especial obligatoria.
En lo adelante según el proyecto de ley la persona jurídica o entidad con ingresos de hasta 1 millón de pesos aportarán 1200 pesos dominicanos. Mientras que los que tengan ingresos de 1 millón de pesos hasta 10 millones aportarán 2,400 pesos dominicanos.
Estas cifras se elevaron hasta el numeral 10 del artículo 36, que es el tope máximo. Asimismo, establece que las personas jurídicas o entidades con ingresos de 2 mil millones en adelante aportarán 10 millones de pesos dominicanos.
Estos montos serían indexados anualmente conforme el índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de la República. Estas contribuciones según el proyecto de ley son obligatorias, independientemente de que perciban o no beneficios.
“Es una ley que nos va a afectar a todos grandemente. Unos vamos a cerrar, otros van a tener que salir a la informalidad que no precisamente es lo que quieren. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo con el gobierno con la realidad para ver qué se puede hacer porque si hay que aumentar algo pero no esos márgenes tan excesivos como ellos piensan”, afirmó Alberto Leroux, presidente del CNCP
Asimismo, se modificó el numeral 14 del artículo 172, obligando a todas las empresas fabricantes de envases plásticos a incorporar al menos un 30% de resina reciclada en la producción de sus productos. La modificación de la pieza legislativa, también establece en su artículo 20 la incorporación de reciclaje en la producción de cemento.
“Entiendo que quizás el mismo desconocimiento es lo que ha traído a poner un artículo de esta naturaleza en una ley no conocen que no es tan simple como que agarrar los residuos y colocarnos en el horno y se acabó”., sostuvo Julissa Báez, directora ejecutiva de ADOCEM.
Desafío de la gestión de residuos en el país
La gestión de residuos en la República Dominicana es un desafío crítico para los ayuntamientos, que enfrentan una acumulación creciente de basura sin los recursos ni las eficiencias necesarias para su manejo adecuado. En 2023, el país generó más de 7 millones de toneladas de desechos sólidos, con un promedio de 650 kilogramos por persona al año. Esta crisis no solo impacta la imagen de las ciudades. También representa un grave riesgo para la salud pública, especialmente en un contexto de consumo acelerado y urbanización descontrolada.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el posible aumento en las tarifas de recolección, lo que afectaría especialmente a las poblaciones más vulnerables. Además, la propuesta impone nuevas regulaciones para las plantas de valorización de residuos y limita el uso de materiales no biodegradables. Mientras que el Régimen de Responsabilidad Extendida del Productor obligaría a las empresas a hacerse cargo de los residuos generados por sus productos.
También, se endurecen las sanciones por manejo inadecuado de la basura, con multas que pueden llegar hasta la inhabilitación de actividades y el cierre de instalaciones.
Sectores a favor y en contra de la reforma de la ley 225-20
La Asociación de Industrias de la República Dominicana expresó su profunda preocupación por las modificaciones aprobadas en el Senado. En primer lugar, señaló que la reforma se realizó sin la debida consulta con los actores clave del sector. Asimismo, que incrementa de manera desproporcionada la contribución especial que deben pagar las empresas, incluyendo a las mipymes.
Por su parte,comerciantes mayoristas y agroindustriales manifestaron su desacuerdo con las modificaciones propuestas. Consideran que los incrementos impositivos son insostenibles e impactarían negativamente a las empresas.
Por otro lado, algunos expresan su apoyo a la modificación de la ley sobre residuos sólidos. Entre ellos se encuentran autoridades municipales, como el alcalde de San Pedro de Macorís, Raymundo Ortiz y el alcalde de Los Alcarrizos, Junior de los Santos. Así también, el Consejo de Alcaldes de la provincia de Santiago.
Ley de Residuos Sólidos: relación con otro países
Los desechos sólidos representan un problema relevante a nivel mundial que afecta a toda la humanidad. En los países de ingresos bajos, más del 90 % de los residuos se vierten o se queman a cielo abierto, lo que impacta de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables.
Según un informe del Banco Mundial What a Waste 2.0, cada año se generan en el mundo más de 2,000 millones de toneladas de desechos sólidos, de los cuales al menos el 33 % no se gestiona de manera segura para el medio ambiente.
La República Dominicana, al igual que otros países de América Latina y el Caribe, enfrenta desafíos similares en la gestión de residuos sólidos. Países como México, Argentina y Venezuela comparten problemáticas comunes, entre estos: Dificultad para implementar nuevas normativas, falta de continuidad en la gestión de residuos sólidos, deficiencia presupuestaria de los organismos competentes y descoordinación e ineficiencia en los esfuerzos realizados.
Según un estudio de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables (ALDESER), Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay enfrentan serios problemas en el manejo y disposición de residuos. Cerca del 50 % de los desechos se gestionan de manera inadecuada, y en la mayoría de sus ciudades persiste la recolección sin clasificación ni separación en el origen, lo que genera impactos negativos en el medioambiente y la salud de la población.
Los resultados indican que, entre los países con una alta cobertura de recolección de residuos, están: Uruguay con 100 %. Seguido de Argentina con 99.8 %, con Chile 96 % y Brasil 92 %. No obstante, en Argentina y Chile persisten inequidades geográficas en la prestación de este servicio.
Como son considerados los residuos sólidos en Brasil
En Brasil, la gestión de residuos sólidos se considera un servicio público bajo la responsabilidad de los municipios. El reciclaje, por su parte, se enmarca como una actividad industrial. Actualmente, más de 90 cooperativas de recicladores operan en 96 distritos del país.
La recolección de residuos se realiza, en su mayoría, a través del sistema puerta a puerta, mientras que la recolección selectiva mediante contenedores es menos común. Sin embargo, en muchas zonas rurales donde no se ofrece este servicio, los residuos suelen ser quemados, arrojados a ríos y lagos o enterrados en terrenos baldíos.
Medidas en otros países para erradicar los residuos solidos
En 2018, durante un Congreso Internacional de la Industria Plástica, el Ex viceministro de Gestión Ambiental de Perú, Marcos Alegre, destacó la necesidad de abordar la fabricación y el uso del plástico mediante un trabajo en conjunto entre el sector privado, público, academia, especialistas y la sociedad civil. Según señaló, era fundamental replantear los impactos negativos de este material en el medioambiente y la salud.
En ese momento, Marcos Alegre anunció que se estaba elaborando una propuesta de ley para reducir y regular el uso del plástico en Perú. Esta iniciativa se comparaba con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Residuos Sólidos 225-20 de la República Dominicana.
Por otro lado, México, sigue predominando el manejo básico de los Residuos Sólidos Urbanos que consiste en recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que disminuye la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición final de los residuos es de menos del 5% en rellenos sanitarios.