Investigación

¿Quiénes son los servidores públicos que no han separado sus bienes del patrimonio del Estado?

En República Dominicana, los servidores públicos que no presentaran sus declaraciones juradas serian destituidos, suspendidos o sancionados, para esto se creó una comisión, que a 7 meses ha hecho observaciones, pero muchos funcionarios a pesar de no cumplir con su deber continúan cobrando y ocupando un puesto en el tren gubernamental.

En el país se utilizan cuatros tipos de declaración jurada de patrimonio:

  1. Primera vez: si es la primera vez que el funcionario declara ante del Sistema Nacional Automatizado bajo la ley 311-14.
  2. Rectificativa: si el funcionario desea corregir alguna información por error material en ocasión del llenado previo de una declaración jurada.
  3. Actualización: en ocasión del movimiento de puesto, cargo o de jurisdicción si ya ha realizado una declaración bajo el formato del Sistema Nacional Automatizado.
  4. Cese: por motivo de renuncia o desvinculación del cargo.

A decir de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana; “La prevención en la aplicación y el respeto de la ley, que es lo que no está ocurriendo. O sea, eso es. Si aquí esa ley fuera obligatoria de que si usted no hace su declaración jurada, usted no puede asumir el cargo, otra cosa sería. Entonces puede ser que a la ley le faltan garras para obligar a todo funcionario a que tenga que hacer su declaración jurada”.

De acuerdo con los datos que recibimos de la Cámara de Cuenta, en el caso de los funcionarios que no han presentado sus declaraciones por primera vez por establecido en la ley 311-14 a marzo del 2023 rondan los 40 servidores públicos.

Le hemos dado seguimiento a la declaración jurada de bienes o de patrimonio establecido en la ley 311 del 14 esa ley obliga a los que se juramentan tienen 30 días para entregar su declaración jura de bienes”, declaró Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental.

En el listado figuran funcionarios e instituciones de toda índole, uno de los casos que más llama la atención es el del presidente de CONANI, Carlos Jose De Jesús Yunen Bojos designado mediante decreto en septiembre del 2022, hace 7 meses. Es decir, que el presidente, la persona con mayor jerarquía en CONANI, solo por debajo de la presidencia de la Republica, no ha separado su patrimonio del Estado.

La misma historia se repite con el padre jesuita Jorge William Hernández Díaz, quien fue designado como presidente del Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad designado en un junio del 2021, este a la fecha no ha presentado su declaración jurada de bienes.

A esta lista se suma, la presidente del Consejo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel, la coronela Antonia Hierro De La Cruz quien fue designada en esa posición en octubre del 2020, es decir, a 2 años y 6 meses no ha presentado su declaración jurada de patrimonio, cabe destacar que en enero del 2022, el director general de la Policía Nacional,  Eduardo Alberto Then, también la nombro, como subdirectora de la Dirección Regional del Distrito Nacional con asiento en el sector Villa Consuelo.

Uno de los datos que podemos detallar, es que en los ingresos y egresos de CORAMON figura un cheque en favor de la dama de hierro de 50 mil pesos de febrero del 2021. Esto a pesar de devengar un salario de un poco más de 43 mil pesos en la Policía Nacional.

La mayor cantidad de funcionarios que no han declarado ocupan los cargos de miembros de consejos de distintas instituciones, es decir, que pertenecen a los órganos de máxima jerarquía institucional y sus acuerdos son vinculantes para todos los sectores que lo integra.

Entre los miembros del Consejo de la Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo que no ha presentado su declaración, esta: Lorens María Collado Hernández y Luis María Catano Tavares ambos designados mediante el decreto presidencial 482-20, es decir que a más de dos años estos servidores no han inventariado sus bienes.

A esta lista se suma, los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI, Luís Manuel Encarnación Lachapel y Demetrio López Dísla, es decir, que de los cuatros funcionarios que fueron designados mediante el decreto 646-20 el noviembre del 2020, solo presentaron su declaración jurada el presidente y un miembro de ese consejo.

Es aún más extraña, la historia que envuelve a los miembros de la Corporación Del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo, CAASD, Luis Julio Jimenez Miniño quien fue designado en septiembre del 2020, junto a dos miembros más Benjamin Reynoso Cabrera y Francisco Javier Santoni Fiallo, en noviembre estos últimos dos fueron suspendidos por el presidente de la Republica, según reseñan medios nacionales, pero Miniño no corrió con el mismo destino que sus compañeros.

La razones podrían ser variadas, pero hay varias hipótesis, unas de ellas es que, en el año 2003 según la web de Jimenez Miniño él ocupó la misma posición que tiene hoy, además es socio fundador de la firma de abogados Jimenez Peña, una de las empresas contratadas de manera “directa” por  EDESUR, EDENORTE, EDEESTE y el Estado Dominicano que envuelven la suma de más de 6 millones de dólares, y hasta la suma de 3 mil millones de pesos equivalentes al 6% del monto recuperado partiendo de los daños.

Esta información está contenida en una solicitud de medida cautelar realizada por la Fundación Primero Justicia a la Dirección de Compras y Contrataciones, quien rechazo la solicitud en cuanto al fondo.

La razón para que el Ministro de Relacion Exteriores forme parte de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, no es al alzar, ya que mucho de sus funcionarios no transparentas sus fondos, tal es el caso del Cónsul General de la Republica Dominicana en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Alexis Antonio Henríquez Núñez designado en mayo del 2022, con un salario de 2,500 dólares mensuales.

Tampoco ha declarado el cónsul de RD en Nueva Jersey, Angel Aníbal Pichardo Acosta designado también a mediados del año pasado con 2,500 dólares mensuales, y siguió sus mismo paso el Consul Honorifico en Málaga, España, Juan Manuel Ruiz Galdón.

El subdirector del Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, Rafael Uceta Morel fue designado en mayo del año pasado con un salario de 157 mil pesos mensuales, esto tras haber ocupado la posición de encargado de Recursos Humanos del INSPOSDOM por casi dos años.

Tras más de tres años en el tren gubernamental, uno en un puesto obligado a declarar, Uceta no ha presentado su declaración jurada, y continúa percibiendo su salario.

En el año 2020, el poder ejecutivo en la persona del Presidente de la Republica, Luis Abinader suspendió a decenas de funcionarios que no presentaron su declaración jurada de bienes, pero conforme abogada Yulibelys Wandelpool, lo que correspondía era la destitución del cargo, el mismo camino que debería recorrer los funcionarios que continúan violando la ley.

En caso de los funcionarios, o exfuncionarios que debían actualizar los datos de sus declaraciones juradas conforme la cámara de cuenta a marzo del 2023 había más de 7 empleados omisos.

Por ejemplo, Bolivar Sánchez Veloz exprocurador adjunto presentó su única y primera declaración fue en el año 2004, a pesar de que permaneció en un cargo del Estado hasta el año 2020. En la actualidad recibe una pensión de más de 150 mil pesos mensuales.

En este lista también figura, Isis Germania de la Cruz Duarte, y Jose Vitervo Enrique Cabral Gonzalez designados en agosto del 2022 como procuradores adjuntos a través del decreto 413-22.

En junio del 2021, el presidente de la cámara de cuenta, Janel Ramirez le envió una comunicación a la procuradora general de la Republica Dominicana, en el que le adjuntaron los listados de los funciones designados, ratificados y o que cesaron sus funciones tras la aplicación de la ley 311-14 y quienes no habían cumplido con la obligación de transparentar su patrimonio por lo que estos eran plausibles de sanciones. En el documento agregaron los funcionarios que habían declarado de manera tardía.

Por Ángela Ramírez

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