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Santo Domingo, R.D.-La República Dominicana se ha convertido en uno de los países con mayor número de bancas de lotería y apuestas deportivas por habitante. Sin embargo, detrás de esta aparente bonanza empresarial, se esconde una realidad preocupante: gran parte de estos negocios opera al margen de la ley, sin licencias y evadiendo impuestos de manera sistemática.
El nuevo proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo busca regular y supervisar este sector, otorgando a la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) la potestad exclusiva de licenciar 15 modalidades. La misma incluye casinos, tragamonedas, apuestas deportivas, loterías electrónicas, bingos, rifas, juegos en línea y agencias hípicas.
Críticas y advertencias de expertos
El abogado especialista en juegos de azar, Raúl Martínez, en conversación con el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, indica que aunque es necesaria una ley general que sirva como marco regulatorio, el actual proyecto presenta deficiencias graves.
Cita, entre ellas, la falta de consulta a sectores claves, el diseño institucional deficiente y la posibilidad de legitimar a operadores ilegales sin exigirles el pago de impuestos atrasados.
“Lo que puede ocurrir es que cientos de bancas ilegales pasen a la formalidad sin aportar un solo peso de sus años de operaciones irregulares. Eso sería legalizar la economía informal en vez de combatirla”, advirtió Martínez.
Además, se cuestiona la eliminación de restricciones históricas, como la distancia mínima de 100 metros entre bancas, establecida en decretos presidenciales aún vigentes. Esta flexibilización abriría la puerta a una masificación descontrolada, incrementando los riesgos de lavado de activos y afectando la convivencia social.
Preocupación ciudadana
Las reacciones en las calles son diversas. Mientras algunos ciudadanos consideran que la regulación podría traer beneficios económicos, otros alertan que el exceso de bancas afecta la vida comunitaria.
“Demasiadas loterías hay; lo que deberían es quitar, no poner más”, opinó Lorenzo Rosario, jugador habitual. En contraste, jóvenes como Brayan Sandoval sostienen que, si otros países se han beneficiado con la legalización, vale la pena darle una oportunidad al proyecto.
Implicaciones fiscales y sociales
El proyecto establece que las licencias para casinos tendrán una vigencia de cinco años y solo podrán instalarse en hoteles de cuatro estrellas o más. También fija tarifas mensuales que oscilan entre RD$55,853 y RD$85,927 por mesa de juego, según la cantidad.
En cuanto a la ubicación, las bancas de lotería no podrán estar a menos de 200 metros de escuelas, hospitales o iglesias, y las deportivas deberán mantener una distancia de 500 metros. No obstante, asociaciones como la de Bancas Deportivas (ADOBAD) sostienen que la ley carece de un plan coherente de reordenamiento y podría provocar un desorden generalizado en un sector que ya mueve miles de millones de pesos.
Lecciones internacionales: regulación con control real
La experiencia comparada muestra que la regulación efectiva del sector solo es posible si se acompaña de sanciones retroactivas, control tecnológico y auditorías fiscales estrictas.
- España (2011): obligó a los operadores ilegales a pagar impuestos atrasados de cuatro años antes de obtener licencia, recuperando más de 240 millones de euros.
- Colombia: implementó trazabilidad en tiempo real y bloqueo tecnológico de páginas y locales ilegales, reduciendo en 35 % el mercado clandestino en dos años.
- Reino Unido: exige pruebas de idoneidad financiera y sanciona con hasta el 100 % de los ingresos brutos obtenidos ilegalmente a quienes operaron sin licencia.
¿Regulación o legalización encubierta?
El debate en el Congreso será determinante. Mientras empresarios piden una ley clara y moderna que ordene el sector, críticos insisten en que la propuesta actual corre el riesgo de convertirse en un blanqueo masivo de capitales.
Más allá de la discusión técnica, la pregunta de fondo es si el Estado dominicano será capaz de imponer reglas claras, recaudar lo que corresponde y proteger el interés público, o si terminará consolidando un sistema donde la ilegalidad se premia con la legalización.
