Santo Domingo.- El ingeniero Tomás Rosendo Dantes Castillo Soto, de 66 años, y la empresa DC Internacional, de la cual es gerente, son los accionantes de siete demandas contra el Estado dominicano, al que le exigen una indemnización por el 70% de los terrenos que pertenecen al Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Castillo Soto es hijo de Porfirio Dantes Castillo, quien de acuerdo a documentos del Senado de 1966, fue embajador de Guatemala.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, al buscar información en Internet sobre el ingeniero Castillo Soto, encontró su nombre en clasificados de periódicos informando la pérdida de títulos de propiedad.
Leer más:
También en algunas sentencias de tribunales por distintos casos, así como un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo contra Dantes-Castillo Soto, entre otras cosas.
En la memoria de 2020 de Procomunidad, un fondo de inversión social adscrito a la Presidencia de la República, figura que de acuerdo a la información de los extractos del Sistema Integrado de Gestión Financiera correspondientes a la Deuda Administrativa a Obras con fecha de corte a noviembre de 2020, se le debe a Dantes Castillo casi 70 mil pesos.
DC Internacional
Mientras que la empresa DC Internacional, de la que Castillo Soto es gerente, fue constituida en 1988 dedicada a servicios de ingeniería.
Fue proveedora del Estado, aunque su Registro de Proveedores del Estado (RPE) se encuentra desactualizado por vencimiento del registro mercantil. Al buscar contratos a nombre de esta empresa con el Estado, no se hallaron.
Durante la investigación, el equipo de Reporte Especial trató de comunicarse con Dantes Castillo Soto y la entidad comercial DC Internacional, pero no fue posible.
Pero, sí se pudo conversar con el abogado Julio Rolffot Ducoudray, quien informó que cualquier declaración sobre este tema será en los tribunales.
El Tribunal Superior Administrativo sentenció al Ministerio de Medio Ambiente al pago de RD$1,266 millones por dos demandas.
La litis, si las restantes cinco demandas resultaran con el mismo fallo, la suma de indemnización que pagaría el Estado se elevaría a RD$4,238 millones.
