Venezuela suspende actividades de oficina de DDHH de la ONU; expulsa funcionarios

Santo Domingo.- El gobierno de Venezuela decidió este jueves suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas y ordenó la expulsión del país de los funcionarios adscritos a esa oficina.

Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, dijo que en los próximos 30 días su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina. Esto debido a que solicitó que el personal adscrito a la ACNUDH abandone el país en las siguientes 72 horas.

«Hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas», refirió.

«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país»

Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

#Comunicado Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de… pic.twitter.com/6OUb85cCIf

— Yvan Gil (@yvangil) February 15, 2024

Asimismo, el ministro expresó que el presidente Maduro acordó cooperar con el alto comisionado en 2019 para establecer la oficina de asesoría técnica en Caracas. El propósito era mostrar al mundo los avances de Venezuela en derechos humanos. Dicho acuerdo permitió desde entonces una presencia continua en el país de un equipo de la ONU que en la actualidad sumaba 13 funcionarios.

Para el gobierno, la ACNUDH ha «exacerbado sus ataques» contra Venezuela y ha mantenido una postura «claramente sesgada y parcializada». Aseguran que ha generado «impunidad» para personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones, entre otros. Aunque aseguró que la ACNUDH incumple el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados, reiteró su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Proponen que se haga sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad.

Reacciones a condena

La portavoz de la oficina de DDHH de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo que lamentan la decisión del gobierno venezolano. En ese sentido, anunció que se encuentran evaluando los siguientes pasos a seguir.

“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”

Comunicado de la oficina de DDHH de la ONU

Organizaciones y activistas de DDHH expresaron preocupación, rechazaron la decisión del Estado venezolano y recordaron sus advertencias sobre la radicalización del gobierno.

Además, el Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (PROVEA), una de las ONG más antiguas del país, indicó que la medida «aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen en el país».

Desde la Casa Blanca, no quisieron entrar en «una reacción inmediata». Su portavoz, Karine Jean-Pierre, comentó ante cuestionamientos sobre el asunto en rueda de prensa: «obviamente es algo que nos preocupa y vamos a seguir monitoreando la situación».

La decisión se produce luego de la detención de la activista de DDHH y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, acusada de conspirar contra el gobierno. De acuerdo a la oficina del ACNUDH, Volker Türk, dijo que seguía como profunda preocupación los hechos. Reiteró que, debido a que su paradero se desconoce, su apresamiento sería calificar como «desaparición forzada», instando a su inmediata liberación.

De su lado, el fiscal general, Tarek William Saab, negó que San Miguel y cinco de sus familiares estuvieran vinculados al caso o estado sometidos a una situación de desaparición forzada. Así lo habían denunciado sus abogados y decenas de organizaciones.

Con información de Voz de América