Los medios de comunicación de Ecuador han enfrentado este año serias violaciones a la libertad de prensa. Según el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), estas agresiones incluyen amenazas de la delincuencia y hostigamiento estatal contra voces críticas. El documento fue aprobado este domingo durante la octogésima primera asamblea general de la SIP, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.
El informe señala que en 2025 la prensa ecuatoriana ha sido amenazada mediante agresiones físicas y amenazas de muerte contra periodistas. Además, denuncia el hostigamiento judicial, la persecución y los discursos de altas autoridades del Estado hacia los medios críticos.
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El informe destaca entre los hechos más alarmantes el atentado armado contra el periodista Marcelo Ruiz. Ruiz se desempeñaba como corresponsal en la provincia costera de Manabí para el canal bajo administración estatal TC Televisión. Aunque logró sobrevivir al ataque, resultó gravemente herido.
En agosto, Marco Cadena, director del portal La Naranja, renunció a su medio tras recibir amenazas de muerte y sufrir hostigamiento. Estas agresiones ocurrieron luego de que publicara denuncias sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales.
La SIP advirtió que la judicialización del periodismo se mantiene como un patrón preocupante en Ecuador. El informe recoge varios casos de periodistas locales denunciados ante la Justicia por revelar actos de corrupción cometidos por distintas autoridades.
Ataques del Gobierno en redes sociales
La SIP constató que funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios.
La SIP recordó que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, descalificó públicamente al diario guayaquileño. Expreso, acusándolo de “mentir” sobre los apagones registrados hace un año en Ecuador. Estos cortes de energía se prolongaron por hasta catorce horas diarias durante más de dos meses. La situación fue consecuencia de una severa sequía que afectó la cuenca donde se ubican las principales centrales hidroeléctricas del país.
El informe señala que el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, vinculó a los diarios Expreso y Extra con presuntos esquemas de evasión tributaria. Esto antes de iniciarse la investigación final. La SIP consideró esta acción como un intento de intimidación política contra ambos medios.
El caricaturista Bonil y la periodista de investigación Sara Ortiz, del diario Expreso, fueron objeto de descalificaciones desde cuentas oficiales. Funcionarios de alto rango los tildaron de “terroristas” en estas publicaciones.
Agresiones y deportación
El informe de la SIP denuncia el congelamiento de cuentas bancarias a las fundaciones Pachamama y Alianza Ceibo. Así como la represión en comunidades indígenas del norte del país. Además, señala los ataques físicos y digitales a periodistas durante las protestas.
Numerosos comunicadores fueron golpeados, amenazados o excluidos de espacios oficiales, mientras se reportaron bloqueos de internet e intentos de censura en redes sociales. También se documentaron casos de hostigamiento interno dentro del movimiento indígena, registra el texto.
El informe de la SIP no incluyó el reciente caso del activista español Bernat Bidegain, conocido en redes sociales como Pelo Fuego. Bidegain reportaba sobre las protestas en Ecuador desde las zonas de movilización. Debido a su labor, el Gobierno de Noboa lo detuvo y deportó a España, considerándolo una amenaza para la seguridad interna.
La SIP denunció los ataques y acusaciones infundadas dirigidos contra las hijas del periodista y candidato presidencial asesinado en 2023, Fernando Villavicencio. Amanda y Tamia Villavicencio fueron víctimas de la revelación de información personal en redes y medios digitales. Estos ataques provendrían, según el informe, del empresario Xavier Jordán, investigado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.
Creado por: EFE
