Argentina.- Sindicatos y diferentes organizaciones han convocado un concentración este miércoles para pedir que se frene un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para iniciar el desmantelamiento del Estado. La marcha, que se realizará en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad, aunará a las principales centrales obreras de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina, en Buenos Aires.
Los diferentes sectores convocados a partir de las once de la mañana, hora local, apelan a la “unidad” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”.
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Decretos de necesidad y urgencia
Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete.
El decreto entrará en vigor esta semana. El Congreso puede rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y este miércoles la CGT también presentará una demanda judicial contra el megadecreto.
“El objetivo es que el DNU no siga corriendo”, anunció en la víspera de la marcha de este miércoles Héctor Daer, secretario de la CGT. Los asistentes se movilizarán al mediodía desde la Plaza Lavalle, en el centro de la capital argentina, al Palacio de Tribunales, a pocos metros, para presentar el escrito en la mesa de entrada. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según señalan, y definiendo sus estrategias con prudencia.
Primeras reacciones tras las medidas de Milei
Las primeras reacciones contra el DNU sonaron tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas desde los balcones en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”.
“Vamos 16 días de Gobierno y ya hicieron tres marchas”, criticó la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, el martes. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobeirno. La ministra estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo en los alrededores de la concentración para controlar las calles. Bullrich mantiene su amenaza: “El que las hace las paga”.
Retirarán ayudas estatales a quienes bloqueen las calles
La máxima de la ministra de Seguridad es secundada por otra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que repite: “El que corta no cobra”. La titular de esa cartera, que reúne las competencias de los antiguos ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, se refiere así a las consecuencias que podrían tener los beneficiarios de ayudas estatales que bloqueen las calles.
“Venimos de una situación compleja y no se puede hacer el ajuste sobre el pueblo”. Critica Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La sindicalista señala que en los barrios populares “hay mucha desilusión” porque el ajuste del Gobierno “fue brutal” para los sectores más vulnerados. “No hubo ajuste para los empresarios o para el Poder Judicial”, indica. La sindicalista asegura que el objetivo de la protesta de este miércoles no es desestabilizar al Gobierno sino frenar un DNU. Po lo que que considera “nefasto” y les arrebata “derechos conquistados”. “La situación amerita una unidad de todos los sectores”, defiende.
Un posible plebiscito
Milei dio señales la noche anterior a la marcha de que no cederá y mantuvo su desafío al Congreso. Si el decreto es rechazado, el presidente ultraderechista aseguró que llamará a un plebiscito. “Obviamente”, enfatizó el mandatario en una entrevista televisiva emitida en la víspera. “¿Por qué el Congreso se opone a algo que le hace bien a la gente? Que me lo expliquen”, señaló y después acusó a los legisladores que “buscan coimas [sobornos]” para emitir sus votos. “Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”, acusó Milei, que fue legislador antes de ser electo presidente.
Aunque Milei obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, está en minoría en las dos cámaras del Congreso. En diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72. Para lograr la transformación del país que pretende, Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Su partido, La Libertad Avanza, está confiado de que lo logrará. Los sindicatos se volverán a reunir este jueves para definir “un plan de lucha”. Sobre la mesa, también está la posibilidad de ir a un paro general de 24 horas.
Con información de El País.
