París, Francia.- Un Senado francés muy dividido discute a partir de este miércoles el proyecto para inscribir en la Constitución el derecho al aborto, ya aprobado en la Asamblea Nacional.
Para que el texto resulte aprobado sin más debate la Cámara Alta debería aprobar la versión de la Asamblea sin cambiar ni una coma, algo que según varias fuentes del Senado no parece seguro que vaya a ocurrir.
El Senado está controlado por la derecha conservadora y entre sus filas hay menos entusiasmo que en el Gobierno por la necesidad de esta reforma constitucional o por adoptar sin cambios la versión de la Asamblea.
En su versión del texto que aprobó el pasado 30 de enero, la Asamblea Nacional respaldó la «libertad garantizada» de las mujeres a abortar, con una abrumadora mayoría de 493 votos contra 30.
Esa definición resultó elegida por el Ejecutivo del presidente francés, Emmanuel Macron, frente a la preferencia de la izquierda por «derecho garantizado», precisamente a fin de hacer más fácil el apoyo del Senado.
Sin embargo, en la Cámara Alta hay incertidumbre acerca de si el texto saldrá adelante sin cambios -que obligarían a volver a debatir el texto en la Asamblea-.
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Para empezar, el propio presidente del Senado, Gérard Larcher, se opone a la reforma, ya que considera que el derecho al aborto no está amenazado en Francia, y que la Constitución no debe ser un catálogo de derechos sociales.
Unos a favor y otros en contra de la legalización del aborto en Francia
Por otra parte, el presidente del grupo mayoritario en el Senado del partido conservador Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, es partidario de incluir en la Constitución el derecho a la cláusula de conciencia del personal médico respecto a los abortos.
Además, y aunque oficialmente no se quieren mezclar los temas, en el LR no hay ahora mucha buena voluntad hacia el Ejecutivo después de que casi todas las reformas que ese partido y el Gobierno pactaron en el Senado para endurecer la ley de Inmigración de diciembre pasado fueron bloqueadas por el Consejo Constitucional.
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Los conservadores reaccionaron acusando al Gobierno de haber aceptado esas reformas para endurecer la inmigración a sabiendas de que el Constitucional las rechazaría, y aún así tener sus votos para aprobar el resto de la ley, por lo que advirtieron de que el Ejecutivo tendría menos colaboración suya en el futuro.
El objetivo del Gobierno de dar al aborto una garantía constitucional se reavivó tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2022 que revirtió la jurisprudencia que protegía el derecho al aborto a nivel federal (el caso Roe vs. Wade).
En Francia, el derecho al aborto existe desde 1975 gracias a la ley impulsada por Simone Veil, una figura política clave de la derecha.
Con información de: EFE
