Tsipras se enfrenta a una crisis política pese al éxito del referéndum

Atenas.  El primer ministro Alexis Tsipras ha logrado el apoyo de la oposición griega en sus negociaciones con los acreedores, pero a costa de aumentar las disensiones internas en su propio partido, Syriza, lo que hace temer una nueva crisis política.

Un total de 251 diputados, de 300, autorizaron el sábado al gobierno griego a conducir las negociaciones con los acreedores de Grecia sobre la base de propuestas que apenas variaban de las presentadas a los electores en el referéndum del 5 de julio y que fueron masivamente rechazadas (con el 61% del “no”).

Aunque el primer ministro pudo contar durante la votación parlamentaria con el respaldo de la oposición de derecha (Nueva Democracia) y socialista (Pasok), con el partido de centro Potami y con los 13 diputados del partido de derecha soberanista ANEL, miembro de la coalición gubernamental, técnicamente perdió su mayoría absoluta: 17 de los 149 diputados de Syriza no lo apoyaron.

Dos votaron “no”, ocho se abstuvieron, y siete estaban ausentes durante la votación (entre ellos, el ex ministro Yanis Varoufakis, de vacaciones con su familia). Entre los abstencionistas figuran dos ministros, entre ellos, el titular de Energía, Panagiotis Lafazanis, contrario a la permanencia en el Euro, así como la presidenta del Parlamento, Zoé Kostantopoulou, “pasionaria” de la izquierda radical y espina para el primer ministro, según el diario Kathimerini.

Esta política de fuerte temperamento, convertida para algunos en icono y que no duda en salir del Parlamento para unirse a las manifestaciones de la plaza Syntagma, debe su popularidad a las dos investigaciones parlamentarias que ha abierto: una ha concluido el carácter “odioso e ilícito” de la deuda griega y la otra, la obligación de Alemania de reembolsar 279.000 millones de euros a Grecia en concepto de reparaciones por la Segunda Guerra Mundial.

Para empeorar las cosas, 15 diputados de Syriza afirmaron en una carta dirigida a Tsipras que habían votado “sí” por no dañar al gobierno, pero advirtiendo de que no podría contar con ellos para poner en marcha las futuras reformas exigidas por los acreedores.