España: inicia juicio a infanta Cristina y esposo con interrogatorios

La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, volvieron a sentarse este martes entre los acusados del juicio por presunta malversación del llamado ‘caso Nóos’, para escuchar el interrogatorio de uno de sus antiguos amigos en el Gobierno de Baleares.

Como deberán hacer a partir de ahora cuatro días por semana, la pareja llegó por la mañana al gran edificio de Palma de Mallorca que acoge excepcionalmente al tribunal, situado a poco metros de una prisión y donde, ironía del destino, se enseñan habitualmente las reglas de la administración pública.

Decenas de fotógrafos y cámaras de televisión esperaban a la hermana del rey Felipe VI, de 50 años, vestida con sobriedad, y a su esposo, de 48, para la reanudación del primer juicio por malversaciones que implica a miembros de la familia del monarca.

Empresas pantallas, falsas facturas, contratos inflados, empleos ficticios: estos son, según la acusación, algunos de los ingredientes de un escándalo que hundió la imagen de la Corona, contribuyendo a la abdicación de Juan Carlos I a favor de su hijo en junio de 2014.

Al mando de una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, Urdangarin -exmedallista olímpico de balonmano- y su socio Diego Torres están acusados de malversar cerca de seis millones de euros pagados entre 2004 y 2007 por los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, entonces dirigidos por el Partido Popular.

El juicio, iniciado el 11 de enero, estuvo suspendido varias semanas, tiempo en que las tres magistradas decidieron que Cristina debía finalmente ser juzgada como «cooperadora necesaria» en dos delitos de fraude fiscal.

La infanta era propietaria al 50% de una empresa pantalla que presuntamente recibió el dinero malversado. La acusación popular pide para ella ocho años de prisión.

Urdangarin y Torres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años de cárcel, respectivamente.