El Tribunal Constitucional acordó el miércoles suspender cautelarmente las resoluciones del Parlamento de Cataluña destinadas a la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de la región en 2017, según una providencia judicial.
El alto tribunal responde a la petición del Gobierno de Mariano Rajoy, que a través de la Abogacía del Estado pidió paralizar cualquier paso de las autoridades catalanas contra la indivisibilidad del Estado español que refleja la Constitución.
Las resoluciones aprobadas en octubre pasado por la mayoría soberanista del Parlament quedarán de esta forma suspendidas durante cinco meses, a la espera de que el Constitucional tenga una decisión definitiva al respecto.
El tribunal advierte además al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que en caso de desobedecer al tribunal tendrían que asumir responsabilidades, incluida la penal.
El Gobierno de Rajoy, que inauguró el mes pasado su segundo mandato, se ha mostrado abierto a dialogar con Cataluña sobre sus demandas de mayor autogobierno, pero rechaza frontalmente la celebración de una consulta a la ciudadanía, algo que piden una mayoría de catalanes.
«¿De qué tienen miedo? Mi impresión: tienen miedo a dialogar de verdad, de preguntar y escuchar porque no se ven capaces de convencer en Cataluña. ¿De verdad creen que con tribunales e imposiciones pararán una demanda democrática?», dijo el portavoz parlamentario de PDECat, Francesc Homs, en el Congreso.
Homs había acudido a la cámara baja para proponer la constitución de una comisión en la que debatir 46 propuestas planteadas por Puigdemont para Cataluña, incluida una consulta vinculante que se quiere llevar a cabo antes de septiembre de 2017.
Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que rechazan la consulta y superan juntos con creces la mayoría absoluta de la cámara, reprocharon a Homs su propuesta, afeándole que el único punto que le interesaba de ese plan era el referéndum.
«Este Gobierno quiere dialogar porque nos interesan los problemas reales de los catalanes, que no son el referéndum», dijo la diputada catalana del PP Alicia Sánchez Camacho.
«No nos van a encontrar en una comisión de trabajo que pretende hablar de la desintegración de España», añadió.
