El 90% de venezolanos se ha quedado en América Latina
Colombia, Ecuador y Perú, integrantes de la Comunidad Andina (CAN), ratificaron en Lima su compromiso de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos que llegaron masivamente a sus países.
“Los estados miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna”, indica un comunicado del grupo que sin embargo no menciona la adhesión de Bolivia, también miembro de la CAN.
La declaración fue publicada tras la reunión del Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), que se realizó en Lima, con la presencia de representantes de los cuatro países miembros de la alianza.
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El comunicado rubricado por los tres países de la CAN agrega que “teniendo en consideración el carácter humanitario de esta situación migratoria se reafirman en el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las normas migratorias que los rigen”.
Los representantes de los países también se comprometieron a “fortalecer campañas y medidas de sensibilización de la población local y nacional sobre la llegada de migrantes”.
En la misiva, se solicitó al gobierno de Venezuela “que facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación, y de viaje para sus ciudadanos”.
Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero (7,5% de la población).
Igualmente, se hizo un llamado a coordinar la cooperación internacional, en particular con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR), para el financiamiento del traslado y reasentamiento de los migrantes en estados no comunitarios.
Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero (7,5% de la población). Entre ellos, más de 1,6 millones salieron de su país desde 2015 ante el recrudecimiento de la crisis económica y política del país con las mayores reservas petroleras del mundo.
El 90% se ha quedado en América Latina, según cifras de ACNUR y OIM.
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