China castiga la «vagancia» de cientos de funcionarios

Las autoridades chinas han castigado a 249 funcionarios de todo el país por su «vagancia», ejemplificada en el retraso de proyectos, el bloqueo de fondos y la ocultación de terrenos que teóricamente debían ser aprovechados para su desarrollo. Temerosos de verse señalados por las investigaciones anticorrupción promovidas por el presidente del país, Xi Jinping, muchos funcionarios han optado por evitar grandes desembolsos y retrasar proyectos ya aprobados.

Pekín ha amenazado en reiteradas ocasiones con sancionar a quienes esquiven sus tareas y, este martes, la agencia oficial de noticias, Xinhua, ha confirmado la apertura de expedientes e incluso despidos para 249 funcionarios de provincias, regiones o ciudades.

Una fuente citada por Xinhua ha vinculado estas medidas con la lucha contra la «pereza en el Gobierno» y ha abogado por cumplir los objetivos económicos y de desarrollo. Pekín se ha incautado de 249.000 millones de yuanes (unos 34.800 millones de euros) paralizados para destinarlos a medidas «urgentes». Las investigaciones realizadas han constatado, por ejemplo, que un proyecto de aprovechamiento de comida en la provincia de Shanxi no ha comenzado a pesar de que los fondos ya fueron desembolsados en 2012.

El gigante asiático está inmerso en una campaña anticorrupción emprendida por el régimen comunista desde el ascenso de Xi Jinping a la cúpula del partido y el Gobierno, a principios de 2013. Dicha campaña ha implicado a multitud de cargos políticos, algunos altos cargos de empresas estatales y también a la jerarquía del Ejército, aunque, hasta ahora, se conocían escasas ramificaciones en la Justicia. El Partido Comunista de China (PCCh) anunció este martes la expulsión del antiguo vicepresidente del Tribunal Popular Supremo de China Xi Xiaoming, dos meses después de que se iniciara una investigación contra este juez por sospechas de corrupción.

La expulsión de la formación gobernante, anunciada por la Comisión Central de Inspección y Disciplina, órgano anticorrupción del PCCh, pone el caso en manos de los tribunales tras la investigación interna. Xi, de 61 años y número dos del más alto tribunal chino entre 2004 y julio de este año, es sospechoso de aceptar sobornos y desde el inicio de la investigación ha recibido «medidas coercitivas», señalaron las autoridades, aunque no aclararon si estas incluyen prisión preventiva el nivel más alto o meras comparecencias judiciales.