El máximo tribunal penal de Argentina confirmó el jueves los cargos contra el vicepresidente Amado Boudou por recibir sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública como partícipe de una maniobra para adueñarse de la única empresa dedicada a la impresión de billetes.
La resolución, dictada por la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, despejó el camino para que el juez federal Ariel Lijo fije fecha para el juicio oral contra un vicepresidente por primera vez en la historia del país.
El tribunal rechazó por unanimidad las nulidades planteadas por la defensa de Boudou y confirmó su procesamiento «sin prisión preventiva como autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública», según el fallo publicado por el centro de información del Poder Judicial.
De ser hallado culpable en juicio, podría recibir una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Lijo procesó en julio a Boudou por la adquisición a través de terceros del 70% de la calcográfica Ciccone –única impresora de billetes de curso legal– que luego contrataría con el Estado Nacional para la impresión de papel moneda de curso legal.
De acuerdo a la investigación, los propietarios de Ciccone Calcográfica buscaron la ayuda del vicepresidente tras decretarse la quiebra de la empresa a mediados de 2010. En ese entonces era ministro de Economía del primer gobierno de Cristina Fernández. Boudou tomó el control accionario de la empresa mediante testaferros, una maniobra que para el magistrado se encuadra en el delito de cohecho (sobornos).
Para el juez, también incurrió en el delito negociaciones incompatibles con la función pública cuando ya teniendo el control accionario de la empresa «intervino, en forma inédita» para que el fisco le facilitara a Ciccone un plan de pagos muy conveniente para sanear su deuda fiscal y para que se realizara una quita de intereses, multas y honorarios.
Lijo aseveró además que el vicepresidente gestionó para Ciccone la impresión de boletas electorales del gobernante Frente para la Victoria para las elecciones generales de 2011, en las compartió la fórmula con Fernández, y que este acuerdo se gestó «en condiciones de total informalidad debido a que la imprenta no contaba con maquinaria».
Boudou no se ha pronunciado sobre el fallo del jueves, pero anteriormente ha dicho que es inocente y víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectado sus intereses por las políticas populistas del gobierno kirchnerista.
Una vez que el juez Lijo eleve la causa a juicio deberá sortearse un tribunal oral que juzgará al vicepresidente. Es poco probable que el proceso comience antes de fin de año.
Boudou no figura como candidato en ninguna lista del partido gobernante para las elecciones generales de octubre, en las que además de elegirse al sucesor de Fernández también se renovarán bancas en el Congreso. Esto significa que el vicepresidente no gozará de fueros después del 10 de diciembre cuando asuma un nuevo gobierno.
