BUENOS AIRES (AP) — El controvertido acuerdo de cooperación judicial firmado por Argentina e Irán en 2013 para esclarecer el atentado contra un centro comunitario judío en 1994 quedó formalmente anulado este lunes luego de que el gobierno de Mauricio Macri desistiera de apelar el fallo de un tribunal que lo había declarado inconstitucional.
«Nos pareció que correspondía cortar esta situación y dejar firme el fallo de la Cámara Federal que había declarado inconstitucional el fallo», confirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, a radio Mitre.
El presidente Macri cumplió así su promesa durante la campaña de dejar sin efecto el acuerdo que su antecesora Cristina Fernández firmó hace dos años con Irán para sacar de la parálisis la investigación judicial por el ataque a la sede de la AMIA, que causó 85 muertos y cuya autoría intelectual la justicia argentina adjudica a ocho iraníes, la mayoría de ellos ex funcionarios y ex diplomáticos.
Teherán siempre ha negado su responsabilidad en el atentado, por el cual no hay detenidos ni condenados.
El memorando, que establecía la creación de una comisión con juristas internacionales y abría la posibilidad de que un juez argentino viajara a Teherán para interrogar a los sospechosos, nunca tuvo vigencia ya que no fue refrendado por el parlamento iraní.
A su vez en Argentina fue aprobado por el Congreso con el apoyo del oficialismo y sus aliados, pero luego un juez y una Cámara Federal los declararon inconstitucional.
El gobierno de Fernández había apelado este fallo ante la Cámara Federal de Casación, la cual ya no deberá expedirse por lo que queda firme la inconstitucionalidad del pacto.
El fiscal argentino Alberto Nisman, que investigaba el atentado contra la AMIA, acusó el 14 de enero a la presidenta Fernández y al canciller de integrar un plan para encubrir a los iraníes acusados del ataque y señaló que el memorando era una pantalla. Cuatro días después fue hallado muerto en su vivienda de un tiro en la cabeza en misteriosas circunstancias.
La justicia argentina ha desestimado la acusación de Nisman por entender que carecía de pruebas. No obstante, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, solicitó este lunes tras la decisión del ministerio de Justicia de no apelar la inconstitucionalidad del memorando que la documentación ligada a este expediente sea girada al juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa por encubrimiento, para que evalúe si corresponde reabrir la investigación contra la ex presidenta.
