Panamá-. La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de excluir a grupos de la sociedad civil, medios de comunicación, industria, consumidores y expertos que no estén alineados con sus ideas preconcebidas, de participar en la décima edición de la Conferencia de las Partes (COP10) de la Convención Marco para el Control del Tabaco (CMCT), seguirá provocando desinformación, debates desequilibrados y una mayor falta de transparencia en la forma en que influyen en las políticas de salud pública en todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios.
En un momento crucial en el que se discuten políticas y estrategias de salud pública para combatir el tabaquismo y el creciente contrabando de cigarrillos en todo el mundo, la OMS ha vuelto a negar a la sociedad civil y a representantes de otros sectores la oportunidad de contribuir al debate con sus perspectivas y evidencias científicas. Como organización civil legítima que representa los intereses de miles de fumadores a nivel regional, lamentamos profundamente esta exclusión, que socava los principios de inclusión y participación democrática proclamados por Naciones Unidas en sus valores fundamentales.
A diferencia de otras Conferencias de las Partes, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las reuniones del CMCT son opacas y rara vez incluyen a organizaciones de la sociedad civil, expertos, la industria o cualquier persona relacionada con ella en la cadena de valor.
Este evento tampoco acepta una gran variedad y cantidad de medios de comunicación independientes. Esto socava la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a una información equilibrada, creando una narrativa arbitraria que da lugar a directrices sesgadas para el control del tabaco.
Los organizadores de la COP10 también han desestimado la evidencia científica existente sobre la eficacia de los productos de riesgo reducido como una de las alternativas más efectivas para minimizar los efectos de los cigarrillos de combustión. Estos productos incluyen vaporizadores, dispositivos para calentar tabaco y parches, entre otros. Esto se basa en una ideología pasada de moda, basada en intereses y prejuicios muy alejados de toda evidencia científica.
La actitud de la OMS ya ha provocado que muchos países establezcan legislaciones que prohíban el uso de productos de riesgo reducido, pese a que organismos como la Agencia de Administración de Alimentos de Estados Unidos (FDA) han autorizado su uso. Negar a las personas el derecho a elegir métodos menos riesgosos es condenarlas a utilizar productos más nocivos, fomentando el comercio ilícito al más alto nivel. No dar a las organizaciones que promueven la reducción de los daños del tabaco la oportunidad de ser escuchadas disminuye la credibilidad de la OMS.
Los usuarios deben ser escuchados
En la misma línea se pronunció Hitler Cigarruista, presidente de la Asociación de Fumadores y Familias por un Panamá Libre de Humo, quien afirmó que los delegados de la COP10 tienen una oportunidad de oro para adaptar los objetivos del CMCT a la realidad, priorizando la salud de los ciudadanos, reconociendo el valor de la evidencia científica sobre las alternativas de menor riesgo y poniendo barreras que protejan a los fumadores del acceso a productos ilícitos.
Cigarruista afirmó que es fundamental que los fumadores y sus familias sean considerados por la OMS al diseñar e implementar políticas públicas sustentadas en los avances científicos y tecnológicos para que todas las naciones avancen en reducir las muertes por tabaquismo y en mejorar la calidad de vida de los fumadores.
Aumento del contrabando
Esta dinámica de exclusión e imposición también ha derivado en políticas públicas que han fortalecido el mercado ilícito del tabaco, aumentando el contrabando mundial de cigarrillos, hasta el punto de que anualmente se consumen 657 millones de cigarrillos de contrabando en todo el mundo.
Como asociación comprometida con la justicia y los derechos civiles, hacemos un fuerte llamado a los delegados de los países participantes en la COP10 a priorizar la protección de la salud pública y tomar decisiones basadas en evidencia científica, en lugar de dejarse influenciar por agendas externas o intereses políticos.
Tomás Sánchez, presidente de la Asociación Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (ARDTP) y miembro de la Coalición.
