El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció existencia de un plan de «golpe de Estado» para impedir que asuma el poder en enero de 2024 tras ganar escrutinio del 20 de agosto.
«Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado. Pusieron en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», dijo Arévalo después de que la justicia inhabilitara su partido, Semilla.
Su amplio triunfo se atribuye a generar esperanzas de cambio en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Esta situación inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar. Pero su ascenso al poder ha alarmado a la élite política y empresarial, acusada de corrupción.
«Vemos un golpe de Estado en curso. Se usa la justicia para violarla, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas», dijo Arévalo.
«Estas acciones constituyen un golpe de Estado promovido desde instituciones que deberían de garantizar la justicia en nuestro país, encabezada por la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos», añadió.
Al estar inhabilitado, Semilla no puede hacer ninguna actividad, emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados.
Además, sus diputados tendrán facultades reducidas. No podrán conformar una bancada, ni presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso, ni tener asesores pagados.
La cruzada contra Semilla la lanzó el fiscal Curruchiche luego de Arévalo dar la sorpresa en la primera vuelta electoral y pasar al balotaje con Sandra Torres. Sandra era vista como la candidata del continuismo.
