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Presidente de Filipinas se arriesga a ser inhabilitado tras reconocer que mató a drogadictos personalmente

Presidente de Filipinas se arriesga a ser inhabilitado tras reconocer que mató a drogadictos personalmente

El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte admitió que en el pasado cuando era alcalde de Davao había matado personalmente a presuntos delincuentes para dar el ejemplo a la policía.

Duterte hizo los comentarios en un discurso ante empresarios al referirse a la campaña para erradicar el narcotráfico que condujo a la eliminación de miles de personas desde que asumió como presidente el 30 de junio.

Al evocar a los muertos por la policía en la actual guerra contra el narcotráfico, Duterte dijo que había encabezado una política similar cuando era alcalde de Davao, la principal ciudad del sur que dirigió durante las últimas dos décadas.

«En Davao solía hacerlo personalmente. Simplemente para mostrarle a los muchachos (policías) que si yo lo podía hacer, ellos también», dijo Duterte en su discurso en el palacio presidencial.

Además narró que «salía por Davao con una motocicleta, una moto enorme, a patrullar las calles, y también buscando problemas. Realmente estaba buscando una confrontación para poder matar». 

Por su parte, el senador filipino Richard Gordon advirtió este miércoles del inicio de un posible proceso de inhabilitación contra el presidente.

«Cuando dices algo como eso, te estás exponiendo, ¿verdad? Él lo dijo, así que legalmente puede enfrentarse a un proceso de inhabilitación», comentó el senador en referencia a las declaraciones de Duterte.

«En todo caso, estoy seguro de que (el presidente) sabría defenderse», agregó Gordon, un político independiente que suele apoyar las políticas del presidente filipino.

El pasado lunes, Duterte afirmó en un discurso, antes de emprender una visita oficial a Camboya, que había matado a supuestos drogadictos y traficantes de drogas.

Desde que Duterte fue elegido presidente en mayo, la guerra contra las drogas que desarrolla su administración ha dejado cerca de 6.000 muertos, de los que más de 2.000 han fallecido en operaciones policiales y el resto en ejecuciones extrajudiciales.

Esa violenta campaña contra el narcotráfico ha sido fuertemente criticada por grupos de defensa de los derechos humanos y organismos internacionales y continentales como la ONU y la Unión Europea.

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