Santiago de Chile. El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast decretó un recorte de 32.721 millones de pesos (unos 35 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que afecta a distintos programas orientados a la infancia, la juventud y los pueblos indígenas y que ha generado críticas en todo el espectro político.
El recorte fue ordenado el pasado viernes 24 de abril y hecho público en la víspera. Este supone una reducción del 2,2 % del presupuesto total de la cartera.
El ministerio aseguró este miércoles en un comunicado que “el ajuste no reduce la protección social”. Añadió que “ordena el uso de los recursos para mejorar su efectividad y focalización”.
En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. “Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas”, afirmó -en el mismo texto- el subsecretario chileno de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.
Entre los programas afectados se encuentra la entrega de un popular paquete de bienes para recién nacidos (ropa, productos de higiene o cunas). Este será recortado debido a “la caída de la natalidad” y con el objetivo de “corregir un stock sobredimensionado”, señaló el ministerio.
Igualmente, habrá ajustes en instituciones que dependen de la cartera en mención, como el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que se encarga de la protección de menores en riesgo de exclusión; la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi); o el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
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Críticas transversales
El recorte presupuestario al Ministerio de Desarrollo Social y Familia generó críticas tanto en la oposición de izquierdas como entre parlamentarios de derechas. Estos alertan de posibles retrocesos sociales.
Un grupo de diputados del Frente Amplio se manifestó este miércoles frente a la sede del Ministerio de Hacienda para exigir claridad en las medidas. El partido es la formación izquierdista del expresidente Gabriel Boric.
«No pueden seguir aplicando políticas de gobiernos extranjeros a una realidad como la de Chile, que no es la misma», dijo la diputada frenteamplista Constanza Schönhaut, en referencia a los recortes aplicados en Argentina por el libertario Javier Milei, íntimo amigo de Kast.
Desde el Partido Nacional Libertario, que no forma parte del Gobierno aunque es aliado de Kast, la diputada Paulina Muñoz emplazó al Ejecutivo a «explicar el detalle del recorte»: No podemos permitir que se le recorten estos beneficios tan importantes que se prometió que se iban a mantener.
«Si el Gobierno necesita eficiencia presupuestaria, el camino debe ser la eliminación del gasto político innecesario, de los asesores con sueldos excesivos y de la burocracia administrativa que no entrega soluciones reales a las personas», agregó, por su parte, la diputada Tamara Ramírez, del Partido de la Gente (derecha populista).
Críticas transversales y presión política por los recortes sociales en Chile
La difusión del decreto coincide con la controversia generada por una circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), filtrada por la prensa local el pasado viernes, en la que se sugiere «descontinuar» o reformular más de 260 iniciativas públicas, como un programa de alimentación escolar o la pensión mínima universal.
Kast, el primer presidente de extrema derecha desde el retorno de la democracia en Chile, prometió en campaña un cuestionado “megarrecorte” fiscal. Este ascendería a 6.000 millones de dólares en 18 meses para sanear las finanzas públicas.
Chile sufre estrechez fiscal y un estancamiento de su crecimiento. Sin embargo, la mayoría de los economistas sostiene que el escenario está lejos de ser crítico y que el país no atraviesa una crisis económica.
El mandatario busca también aprobar en el Parlamento una reforma tributaria con rebajas de impuestos a las empresas. Durante la campaña no aclaró en qué consistirían esos recortes, pero se comprometió a no tocar ningún derecho social.
«No se va a tocar ningún beneficio social de la población (…) Lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia», insistió este miércoles el ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el aluvión de críticas que generó el decreto filtrado la semana pasada.
Con información de: EFE
