En la audiencia pública, entre las primeras celebradas hasta el 26 de mayo
Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron el miércoles al gobierno de Chile a que procure la aprobación del proyecto de ley que despenalizaría el aborto para tres casos en unas audiencias celebradas en Buenos Aires en las que la escritora Isabel Allende y organismos civiles repudiaron las trabas que sufre la iniciativa.
Paulo Vannuchi, comisionado de la CIDH, pidió «los buenos oficios de un país que tiene hoy como presidenta a Michelle Bachelet para que impulse la aprobación pendiente en el senado» de la iniciativa que habilitaría el aborto para los casos de violación, inviabilidad del feto y peligro para la madre, que ya cuenta con el aval de los diputados. «En política… las cosas también se hacen con coraje«, afirmó el comisionado.
En un video proyectado durante la audiencia, Allende temió que la iniciativa legislativa, que tiene 70% del apoyo de la población, se pueda postergar “indefinidamente» y al respecto señaló que el causal de la violación es el que más resistencias suscita.
La titular de la Fundación Isabel Allende recalcó como solicitante ante la CIDH que 40.000 adolescentes quedan embarazadas anualmente en Chile, muchas de ellas a causa de los abusos sufridos en el seno de sus familias, y se producen entre 140.000 y 160.000 abortos al año.
La escritora apuntó que «lo último que se le ocurre a un violador es usar un anticonceptivo y por eso el aborto debe ser una opción» y cuestionó a las fuerzas conservadoras y católicas por intentar «imponer sus creencias a los demás«.
En la audiencia pública, entre las primeras celebradas hasta el 26 de mayo en el marco del 162 periodo de sesiones de la CIDH en Buenos Aires, participaron además varios representantes del Estado chileno, el Centro de Derechos Reproductivos, la asociación Miles y la chilena Paola Valenzuela, quien relató cómo fue obligada a soportar un embarazo en el que el feto sufrió distintas anomalías que incluyeron amputaciones y exposición de sus órganos hasta que finalmente dio a luz a un hijo muerto.
En sintonía con su colega de la CIDH, la comisionada Margarette May Macaulay señaló que «es imperativo que el gobierno» chileno intente convencer a las fuerzas conservadoras del Senado de la idoneidad del proyecto «con cifras mundialmente aceptadas» sobre las lesiones psicológicas y físicas que sufren las mujeres que se practican abortos y «viven con el temor de una condena de cárcel».
«Me preocupa que el proyecto pueda demorarse tanto«, dijo la comisionada, que junto a sus colegas Luis Ernesto Vargas y Francisco José Eguiguren —titular de la CIDH— expresaron su solidaridad a Valenzuela.
La directora de Miles, Claudia Dides, cuestionó a las fuerzas conservadoras chilenas por «usar todo tipo de recursos para obstaculizar el debate legislativo» y al gobierno por no haber dado a la cuestión un tratamiento de «suma urgencia».
«El gobierno se dejó presionar por el activismo integrista, la iglesia y la derecha y por el desorden en el interior de sus propios partidos«, criticó Dides, quien expresó su temor de que la iniciativa no sea aprobada «antes de que finalice el actual mandato (gubernamental) en marzo de 2018″.
La derecha anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad de la iniciativa.
Los representantes del Estado reconocieron que las «visiones encontradas» dan cuenta de la importancia que reviste esta iniciativa y destacaron que se celebrasen 200 audiencias en el Parlamento para analizarla. «Esperamos que sea despachada a la brevedad… siempre estuvo en tablas en todo el proceso, y no ha sido desplazada por otros proyectos», dijo al respecto Claudia Sarmiento, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
La CIDH trató otras problemáticas de Chile en sus audiencias, como el cuestionado sistema nacional de protección de la niñez. Sebastián Weinborn, abogado de la Fundación Emprender con Alas, destacó la muerte de 1.318 niños y adolescentes en los últimos diez años y que un fiscal decidiera investigar solo 260 casos.
En las audiencias se abordarán además temáticas de Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay, pero la CIDH no realizará exhortos a los Estados durante sus sesiones en Buenos Aires. Los resúmenes de estas audiencias podrán emplearse para la elaboración de futuros informes o recomendaciones a los gobiernos.
Fuente: AP
