Las autoridades peruanas trasladaron a 30 presos considerados peligrosos desde la cárcel de Trujillo hasta el penal de Juliaca. La medida se tomó tras una reyerta ocurrida el domingo que dejó tres reclusos muertos.
El traslado fue anunciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La institución explicó que busca recuperar el control de las cárceles y evitar que las bandas criminales sigan operando desde esos centros.
Los presos trasladados presuntamente pertenecen a Los Pulpos, La Jauría y Chicago Bulls. Estas organizaciones operan principalmente en Trujillo, capital de la región de La Libertad. Entre sus actividades figuran las extorsiones y la minería ilegal.
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Medidas de seguridad
El traslado forma parte del reordenamiento del sistema penitenciario anunciado por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien el martes prorrogó por otros 60 días el estado de emergencia en cinco de las principales cárceles del país, incluida la de Trujillo.
Como parte de las medidas, el Gobierno desplegó militares para custodiar el perímetro de los centros penitenciarios. Mientras tanto, la Policía realizó requisas para decomisar armas blancas, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos.
Las autoridades también desarrollaron operativos en los alrededores de las prisiones para desmantelar antenas clandestinas de telecomunicaciones.
Durante la vigencia de la prórroga del estado de emergencia permanecerán suspendidos algunos derechos fundamentales, entre ellos la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal. Estas restricciones abarcan el interior de las cárceles y sus alrededores, hasta un radio de 200 metros.
Violencia en las cárceles
La ampliación de las medidas se produjo después de un enfrentamiento registrado el fin de semana en la prisión de Trujillo, que dejó al menos tres privados de libertad muertos.
Fujimori ha colocado el control de las prisiones entre las prioridades de su política de seguridad, ante el avance del crimen organizado y el aumento de las extorsiones contra negocios y ciudadanos.
Las bandas criminales exigen pagos de dinero a sus víctimas bajo amenazas de muerte, una situación que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población peruana.
El sistema penitenciario de Perú enfrenta además problemas de hacinamiento. Actualmente alberga a unos 100,000 presos en 69 cárceles, cuya capacidad conjunta es de apenas 40,000 personas.
EFE
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