«Pedaladas» fiscales de administración Rousseff no son delito penal

Las maniobras fiscales realizadas por el gobierno de Dilma Rousseff no constituyen un delito penal, concluyó este jueves un fiscal brasileño en un parecer que refuerza la defensa de la mandataria en el juicio de destitución que enfrenta en el Senado.

El procurador federal Ivan Marx consideró sin embargo que las llamadas «pedaladas fiscales» sí constituyen actos de improbidad administrativa (de la esfera civil), porque buscaron maquillar las cuentas públicas en período electoral.

El Congreso aceptó este año un pedido de impeachment contra la presidenta por incurrir en un presunto «crimen de responsabilidad» al financiar al Tesoro a través de la banca pública y por autorizar gastos por decreto sin la venia legislativa.

Para Marx, los atrasos en los pagos del Tesoro a los bancos públicos («pedaladas») no constituyen una operación de crédito, sino un incumplimiento contractual que en este caso buscó mejorar artificialmente las cuentas públicas.

Esto refuerza uno de los argumentos de la defensa de Rousseff, que asegura que el impeachment no tiene base legal y es una ruptura del orden democrático para sacarla del poder.

Desde el 12 de mayo, cuando el Senado admitió el inicio del juicio, Rousseff está suspendida y fue reemplazada por su vicepresidente y exaliado devenido enemigo Michel Temer.

El desenlace del juicio de destitución se espera para fines de agosto, tras el fin de los Juegos Olímpicos, cuando los senadores decidirán por mayoría especial si Rousseff es culpable o no de cometer crímenes de responsabilidad, que solo alcanzan a los funcionarios públicos.

Si 54 de los 81 Senadores deciden condenarla, Temer gobernará hasta el 31 de diciembre de 2018, año en que los brasileños elegirán un nuevo mandatario en las urnas.