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El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño de funciones en un juicio político relacionado con la crisis de Ueno Bank.
Los 44 senadores presentes votaron a favor de la destitución. Peña, de 47 años, se convierte así en el segundo presidente paraguayo de la historia reciente en salir del poder mediante un juicio político, después de Fernando Lugo, en 2012.
Tras la decisión, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia.
Peña no acudió al juicio político
El mandatario no acudió al Congreso para enfrentar el proceso, pese a recibir una convocatoria. En su lugar, sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda presentaron su defensa ante los legisladores.
La crisis política comenzó luego de que el Banco Central de Paraguay ordenara intervenir y cerrar Ueno Bank por problemas para cumplir con sus obligaciones. La entidad tenía cerca de 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes.
Además, el banco recibió importantes depósitos de instituciones públicas durante el mandato de Peña. Entre los afectados figuran miles de ahorradores y unos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social.
Las acusaciones contra el mandatario
Durante el juicio, los diputados que actuaron como fiscales acusaron al mandatario de permitir irregularidades en el manejo de fondos públicos. También denunciaron un supuesto daño de 1,200 millones de dólares al Estado paraguayo.
Peña había presentado su renuncia el jueves. Sin embargo, el Congreso no pudo tramitarla por falta de cuórum. Por esa razón, el juicio político continuó.
Poco antes de la votación, el mandatario defendió su decisión de renunciar mediante un mensaje publicado en X. Afirmó que buscaba evitar más daños al país y recuperar la tranquilidad.
«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad», expresó.
Peña pierde su puesto vitalicio en el Senado
La destitución también tiene consecuencias para su situación política. La Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes elegidos democráticamente como senadores vitalicios, salvo cuando un juicio político los declara culpables.
Por tanto, Peña pierde ese derecho y la protección legal que conlleva. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre las operaciones de Ueno Bank y los fondos públicos depositados en la entidad.
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