San José, Nicaragua.- El Gobierno de Nicaragua derogó este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, a esto se le añade 10 que pidieron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes.
La suspensión de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por María Amelia Coronel, ministra de Gobernación, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
También, ilegalizaron 5 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan, mientras que las otras diez estuvieron canceladas por disolución voluntaria, según el Ministerio de Gobernación.
Asimismo, la gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas 5 ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
ONG ilegalizadas
Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua. Como también, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.
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Del mismo modo, la Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una ONG. Asimismo, dicho organismo que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Presídium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua. Quedan excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Protestas dejan cientos de muertos en Nicaragua
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, comentaron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Ortega. Esto ocurrió, en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en ese entonces a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce «más de 300».
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento. Esto debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces. Esto se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega estuvo reelegido para un quinto mandato. También, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Con información de: Infobae.com
