Buenos Aires. El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que cerró la imprenta Compañía Sudamericana de Valores, anteriormente denominada Ciccone Calcográfica, que depende de la empresa pública Casa de Moneda.
«En el día de hoy hemos cerrado definitivamente la planta ex Ciccone, uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista. El Estado Nacional ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales», publicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.
La “ex Ciccone Calcográfica” fue expropiada en 2012 por el Congreso, luego de que fuera adquirida de forma irregular por el exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015). Y pasó a ser parte de la empresa estatal Casa de Moneda, dependiente del Ministerio de Economía, responsable de la fabricación de la moneda nacional, sellos postales y estampillas fiscales, entre otros objetos valorados.
En 2020, Boudou fue condenado en la Justicia por «cohecho pasivo» y «negociaciones incompatibles con la función pública», ya que adquirió con un socio la imprenta quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando era ministro de Economía (2009-2011) de Cristina Fernández (2007-2015).
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A principios de octubre último, Adorni había anunciado la disolución de la Compañía Sudamericana de Valores y la reestructuración de toda la Casa de Moneda. Esto bajo el argumento de mala administración, en el marco de la política de Milei de recortar el Estado y bajar la inflación.
Organizaciones sociales denunciaron a Javier Milei por «destruir políticas públicas» ante la CIDH
Distintas organizaciones sociales y civilies denunciaron a Milei por «destruir políticas sociales» relativas a paliar la crisis alimentaria, erradicar la violencia de género. Y asegurar los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por su parte, la Administración libertaria negó las acusaciones y habló de una «readecuación» de los programas.
«Nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que afectan la vida y la dignidad humana“”, expresó Alejandro «Peluca» Gramajo, secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que estuvo presente junto a otras organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando; y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Fuente: EFE
