La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la República Dominicana a respetar y asegurar la protección de la población, en especial a las migrantes haitianas embarazadas.
Tras expresar su preocupación por las denuncias de expulsiones de embarazadas de origen haitiano desde República Dominicana.
Principalmente, que las autoridades migratorias estarían realizando operativos de control migratorio en maternidades y centros de salud concurridos por embarazadas.
Con el objetivo de expulsarlas supuestamente sin realizar las consideraciones sobre sus necesidades de protección humanitaria.
Atendiendo al contexto de crisis institucional, violencia estructural y violaciones a derechos humanos en Haití.
Asimismo, el Sistema de la ONU en RD expresó su preocupación por las detenciones y deportaciones de embarazadas que buscaban o recibían atención en hospitales y que fueron detenidas.
La CIDH observa que las expulsiones exponen a las embarazadas a graves vulneraciones de su derecho a salud, especialmente de la salud reproductiva.
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Además, sobre el reporte de una haitiana que habría sido obligada a abandonar el hospital donde recibía asistencia médica posterior al parto.
Indió que el bebé quedó en el lugar y a ella la trasladaron a la frontera en Belladère.
Al final, habría estado detenida por cuatro días en Haina, previo a reunificarla con su familia y bebé.
Pese a que la Ley General de Migración 285-04 establece que no deben detener ni deportar a embarazadas o lactantes.
El 28 de septiembre el Consejo Nacional de Migración habría adoptado una interpretación de la normativa migratoria en RD.
Que evita el ingreso de toda persona extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas.
Incluyendo a las mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.
La CIDH resalta derechos de haitianas embarzadas
Adicionalmente, la CIDH nota el anuncio hecho por el Consejo Nacional de Migración sobre la realización de una nueva auditoría a unos 220 mil personas regularizadas conforme al Plan Nacional de Regularización.
Estas decisiones administrativas podrían generar efectos excluyentes para la población migrante.
Y obstáculos adicionales para el acceso a derechos y servicios esenciales, como la salud y la integridad personal.
En general, la Comisión recuerda que las personas migrantes tienen derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales, incluyendo las embarazadas haitianas.
Haitianas y el Estado
Incluyendo la salud sexual y reproductiva. Por lo que los Estados no deben impedir el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad.
Destacó también que los migrantes tienen derecho a la confidencialidad en el marco del acceso a los servicios de salud y atención médica.
Por lo que se prohíbe notificar e intercambiar información relacionada con la situación migratoria de las pacientes o sus progenitoras con las autoridades migratorias. Así como, conducir operativos de control migratorio en hospitales o sus cercanías.
