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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Perú a la «inmediata derogación y evitar la aplicación» de una ley aprobada y promulgada por el Congreso. Que permite la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el país andino cometidos antes de 2002.
La CIDH expresó su preocupación por la aprobación de la Ley que exige la implementación y alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la ley peruana. Su impacto en el derecho humano a la justicia en caso de violaciones graves de derechos humanos, como las cometidas durante el conflicto armado interno.
Por lo tanto, solicita su eliminación inmediata y evita su implementación por parte de las autoridades judiciales competentes, destacó.
El pasado nueve de agosto, el Congreso de Perú promulgó la ley, que beneficiaría especialmente a militares y policías. Después de que el Ejecutivo de Dina Boluarte no la observara, el desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió que no sea aprobada.
La ley peruana establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por hechos cometidos antes de esa fecha, incluso bajo la sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
La norma fue promovida por parlamentarios del expresidente Alberto Fujimori y una bancada formada por exmandos de las Fuerzas Armadas. Esto impedirá que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos durante el periodo del conflicto armado interno (1980-2000). Esto dejó más de 69.000 víctimas.
La CIDH recuerda las obligaciones internacionales de Perú
La CIDH remarcó que esta ley «ha sido objeto de una intensa revisión por parte de diversos mecanismos de derecho internacional de los que el Perú es parte». Además, recordó que la Corte IDH «requirió al Estado que tome las acciones necesarias para que no se adopte. Se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma en cuestión».
También informó que el Estado peruano respondió que «no corresponde a la CIDH pronunciarse ordenando una reforma legislativa o la abstención de aplicación de una disposición». Además, el Tribunal Constitucional resolverá sobre su constitucionalidad. Ya que la Junta de Fiscales Supremos interpuso una demanda en ese sentido el pasado 22 de julio.
También indicó que la Corte IDH ha establecido que las personas encargadas de investigar violaciones de derechos humanos deben tener independencia jerárquica. Institucional y real al desempeñar sus funciones. Por lo tanto, consideró que las normas de responsabilidad funcional podrían intimidar y obstaculizar el desempeño independiente de las funciones fiscales y jurisdiccionales.
La Comisión Interamericana exhorta al Estado peruano a cumplir con los requerimientos de la Corte IDH en relación con esta ley y a derogarla. De acuerdo con sus obligaciones internacionales e interamericanas en materia de derechos humanos; y a las autoridades judiciales competentes a abstenerse de su aplicación», finalizó.
Con información de EFE.
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