Un juzgado de Panamá resolvió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, por el cual fueron imputados dos expresidentes y exministros, informó el Órgano Judicial.
El juicio, programado del 1 al 18 de agosto de 2023 como fecha principal, del 27 de septiembre al 17 octubre como la alterna. El Órgano Judicial, no precisó el nombre de las 36 personas que serán juzgadas por este caso.
Una fuente dijo que «de repente», cuando se empiece a notificar a las partes el auto de llamamiento a juicio, se podrían conocer los nombres.
Entre las personas naturales (48) y jurídicas (1) imputadas por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos por el caso Odebrecht están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), varios exministros y dos hijos del primero.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron sentenciados y están presos en Estados Unidos. Tras declararse culpables de participar «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht» por un total de 28 millones de dólares.
El abogado de Luis Enrique Martinelli, James McGovern, declaró que los hermanos habían actuado «por órdenes del padre».
El Órgano Judicial dijo que la jueza Baloísa Marquínez, dictaminó «abrir causa penal contra 35 personas. Imputadas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales«.
La juez sobreseyó de forma provisional a once personas y definitivamente a una ciudadana por blanqueo de capitales.
La audiencia preliminar del caso Odebrecht se realizó del 12 al 28 de septiembre pasado.
El fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que la constructora brasileña, que llegó a Panamá en 2006, pagó «sobornos a diestra y siniestra» en el país.
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017. Luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado millones en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.
En julio de 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado, el cual no se está cumpliendo.
