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Buenos Aires, Argentina.– La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió hoy temporalmente la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente argentino, Javier Milei, el pasado día 20 para avanzar en una amplia desregulación de la economía.
Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron este miércoles una medida cautelar que dejó sin efecto los cambios en materia laboral que habían entrado en vigencia el 29 de diciembre.
La semana pasada, la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), de inspiración peronista, llevó a cabo una movilización contra el DNU y además solicitó al Poder Judicial que frenara los cambios laborales que el Gobierno quería imponer por decreto. Así mismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el decreto.
La reforma laboral
Se recuerda que el pasado 20 de diciembre el presidente argentino, Javier Milei, había retomado su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad.
En su tercera semana de Gobierno, el mandatario ultra firmó un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El Gobierno calcula que son “más de 5.000″ los afectados, mientras que otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estiman que la cifra supera los 7.000. El número podría crecer, ya que el Gobierno también revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023, y los sindicatos están en alerta.
El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. La medida contempla algunas excepciones: por ejemplo, están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción. El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a “un relevamiento exhaustivo” en los próximos 90 días.
Fuente: EFE
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