- Castillo había negado que formara parte de una organización criminal formada durante su gobierno.
Lima, Perú.- El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley decidió aceptar la petición de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado. Esto mientras es investigado por corrupción. Y después de que este había negado “rotunda y categóricamente” que sea autor o forme parte de una organización criminal formada durante su gobierno.
En una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era “idónea” porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste “alta peligrosidad”. Explicó que el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, ha incurrido en obstaculización de la justicia. Lo habría hecho mediante el amedrentamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides.
En tal sentido, el magistrado dijo que Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel. Se le atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú. Y la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, prófugo de la justicia. Lo habría nombrado con la intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos” de infraestructura, a cargo de esa cartera.
De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo. Esto a través de sus asesores en Palacio de Gobierno. A cambio la favorecía con una adjudicación de obras públicas.
Checkley afirmó que “Castillo tuvo una participación clave” en estas “conductas ilícitas”.
Peligro de fuga y arraigo de Castillo
El juez supremo precisó que la detención del expresidente, en diciembre pasado, se produjo “cuando pretendía asilarse en la embajada de México”. Dijo que así lo corroboraron las declaraciones públicas del embajador en Lima y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
A la esposa y los dos hijos menores de Castillo los recibieron y dieron asilo en México horas después del fallido golpe de Estado.
Sobre el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual. Por lo que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.
Castillo niega imputaciones
En la diligencia anterior, del pasado martes, Castillo negó «rotunda y categóricamente» que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su Gobierno (2021-2022). Así lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.
Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República.
«Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República», señaló Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez Checkley.
«No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencial», señaló.
Rechazó que la petición fiscal se sustente en un posible peligro de fuga cuando, según dijo, se encuentra «en un penal de alta seguridad» y que no tiene arraigo familiar, ya que su esposa y sus hijos están asilados en México.
