La organización internacional Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), presentó su informe mundial donde abordó varios temas, como los abusos cometidos contra detenidos en Ecuador, el deterioro institucional en el Gobierno de Argentina y la represión en Venezuela tras la reelección de Nicolás Maduro.
Según el informe anual, los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados en Ecuador por su presidente, Daniel Noboa. En los que ordenó el despliegue de militares en calles y cárceles, produjeron «serias violaciones de los derechos humanos» por parte de las fuerzas de seguridad.
Agregó, que las medidas del Gobierno ecuatoriano para aplacar la ola de violencia criminal, entre ellas la declaración de un «conflicto armado interno» en el país. Se realizaron «sin aportar información suficiente que justifique la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales«, como argumentó el Tribunal Constitucional de Ecuador.
Puedes leer:
Violencia contra detenidos en Ecuador según Human Rights Watch
La presidenta de HWR para las Américas, Juanita Goebertus, explicó a EFE que «los informes de la propia Fiscalía hablan de más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza. 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales».
El documento apunta que «los militares mantienen incomunicados a muchos detenidos durante largos periodos, obstruyendo el acceso a abogados y atención médica» además de «palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios».
Además, estos casos levantaron la preocupación de jueces y organizaciones en defensa de derechos humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que expresó su inquietud por «las condiciones inhumanas de los reclusos, incluida la escasez de comida».
Puedes leer:
En febrero, según reseña HRW, un magistrado dictaminó que los militares ponían en riesgo a los detenidos y que las autoridades penitenciarias incumplieron sus obligaciones. Por lo que ordenó atención médica y una investigación sobre tortura.
La organización también alerta de la fragilidad del sistema judicial y del número de denuncias de corrupción que soporta. Así como de su escasa capacidad y seguridad para combatir la impunidad y el crimen organizado.
«Jueces y fiscales corren peligro y carecen de protección adecuada. Al menos 15 han sido asesinados desde 2022», recordó HRW, entre los que se encuentra el fiscal César Suárez. Quien indagaba sobre el asalto de una banda criminal al canal TC Televisión durante una emisión en directo.
Gobierno de Javier Milei
En ese mismo orden, la organización advirtió que el primer año de gobierno de Javier Milei en Argentina estuvo marcado por nuevos desafíos en materia de derechos humanos. Destacó los recortes a programas de asistencia social, obstáculos al derecho a la protesta y una retórica hostil contra periodistas y personas de la comunidad Lgtbq+.
“El plan de austeridad del presidente Milei redujo drásticamente el gasto del Estado e impactó de forma severa en el financiamiento de programas sociales», indicó la organización, que destacó además que también disminuyó el aporte gubernamental a programas de atención médica a pacientes de cáncer y de integración de personas con discapacidades.
HRW expresó además preocupación por la decisión del Gobierno de postergar designaciones en puestos claves de la Justicia. Incluyendo en la Corte Suprema y en el cargo de fiscal general del Estado.
Si bien el informe subrayó que las políticas económicas implementadas por Milei desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Lograron reducir significativamente la inflación (cerró el 2024 con un 117,8 % frente al 211,4 % registrado en 2023). También resaltó que la pobreza escaló a un 52,9 % durante el primer semestre del año pasado y la indigencia a un 18,1 %.
En materia de libertad de expresión, el documento resaltó que el denominado ‘Protocolo Antipiquetes’ implementado por el Ministerio de Seguridad “criminaliza cualquier alteración del tráfico derivada de una manifestación” y “otorga a la Policía amplios poderes para dispersar manifestantes”.
Respecto a las políticas en materia de seguridad, la organización reconoció el éxito de las medidas implementadas por el Ejecutivo para reducir la cifra de asesinatos en la violenta localidad de Rosario.
También, alertó sobre la flexibilización de la normativa para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Que dijo «permite el uso de fuerza letal en un ámbito demasiado amplio de circunstancias y socava la responsabilidad tanto administrativa como judicial por el abuso policial».
Por otra parte, el informe publicado hoy denunció la «retórica hostil» por parte de miembros del Gobierno contra periodistas y medios de comunicación y comentarios por parte de Milei en contra del matrimonio igualitario, la identidad de género y la Educación Sexual Integral.
Puedes leer:
Represión en Venezuela
También, Human Rights Watch avisó de una «brutal represión» en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado julio. Cuando se desató una crisis marcada por protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. Respondidas con «tácticas represivas», según un informe de la organización defensora de los derechos humanos publicado este jueves.
La organización señaló que, a pesar de «las irregularidades del Gobierno y las violaciones de los derechos humanos», Venezuela votó de forma masiva en las elecciones del 28 de julio. Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó ganador al candidato oficialista.
«Tras el anuncio de los resultados, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyan al chavismo, protestó en gran número. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados, incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a los críticos», dijo.
Por otra parte, la organización advirtió de que cientos de personas han sido acusadas de «delitos que, a veces, tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas, como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo».
«Los detenidos suelen permanecer incomunicados durante semanas, se les niega el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y se les presenta en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración justa de la justicia. Se informa de que algunos, incluidos adolescentes, han sido golpeados y sometidos a otros malos tratos durante la detención», indicó.
La crisis política que vive el país se acrecentó luego de la cuestionada investidura de Maduro para un tercer sexenio consecutivo en el poder. Lo que la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia. Considera como la consumación de un «golpe de Estado».
La PUD, además, asegura haber reunido 25.575 actas electorales (el 85,18 % del total). A través de testigos y miembros de mesa desplegados en los centros de votación. Que otorgarían el triunfo a González Urrutia, documentos que el chavismo considera falsos.
Con información de EFE.
