Al menos 4,595 personas murieron y otras 2,050 resultaron heridas en Haití durante los primeros nueve meses de 2026, en medio de una escalada de la violencia de las bandas armadas que también buscan influir en las elecciones previstas para 2027, informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La portavoz del organismo, Marta Hurtado, advirtió que las organizaciones criminales han modificado sus estrategias ante el despliegue de fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, intensificando los ataques contra la población civil, los secuestros selectivos y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes.
Según la funcionaria, las nuevas tácticas incluyen represalias contra personas sospechosas de colaborar con las autoridades y mayores restricciones a la libertad de circulación en las zonas controladas por las pandillas.
El organismo también registró 1,497 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas entre enero y septiembre de este año, como parte de las violaciones de derechos humanos documentadas en el país caribeño.
Bandas armadas intentan influir en elecciones de Haití
La ONU alertó que las organizaciones criminales buscan extender su influencia al ámbito político de cara a las elecciones previstas para 2027.
Hurtado citó el caso de Cité Soleil, una localidad situada en las afueras de Puerto Príncipe, donde el líder de una banda armada habría intentado imponer una lista de candidatos para controlar las autoridades locales.
De acuerdo con la portavoz, dos residentes fueron asesinados a tiros después de denunciar públicamente esta maniobra.
La situación refleja los intentos de las pandillas de intervenir en los procesos políticos y electorales, mientras Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad e institucionalidad.
ONU denuncia muertes durante operativos de seguridad
La Oficina de Derechos Humanos también documentó 514 muertos y 235 heridos durante operaciones de las fuerzas nacionales de seguridad entre julio y septiembre de 2026.
Además, registró 44 víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes policiales durante ese período.
Ante estos hechos, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las fuerzas nacionales e internacionales desplegadas en Haití respetar el derecho internacional y priorizar la protección de la población civil.
Türk también instó a las autoridades haitianas a fortalecer los mecanismos de supervisión de los cuerpos de seguridad e investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Pandillas intensifican ataques pese al despliegue internacional
La ONU advirtió que las bandas criminales han reforzado sus actividades pese a la presencia de contingentes internacionales que participan en las operaciones contra la violencia.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por Naciones Unidas, cuenta con efectivos de distintos países, entre ellos Chad, Sri Lanka, Guatemala y El Salvador, que ha enviado personal adicional para apoyar las labores de seguridad.
Según Hurtado, las organizaciones armadas han aumentado su capacidad operativa y el número de integrantes, al tiempo que intensifican las represalias contra comunidades consideradas colaboradoras de las autoridades.
La portavoz señaló que la situación de seguridad se ha deteriorado y que las restricciones impuestas por las pandillas afectan cada vez más la movilidad de la población.
Reclutamiento de menores agrava crisis de violencia
Otro de los aspectos señalados por Naciones Unidas es el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por parte de las organizaciones criminales.
- Hurtado denunció que prácticamente la mitad de los integrantes de las bandas armadas son menores de edad, muchos de ellos incorporados en condiciones de extrema vulnerabilidad.
- La funcionaria explicó que numerosos niños y adolescentes terminan vinculados a estos grupos debido a la falta de alternativas para garantizar su supervivencia.
La Oficina de Derechos Humanos reiteró la necesidad de proteger a la población civil, investigar las violaciones documentadas y reforzar las medidas para impedir que las organizaciones criminales continúen incorporando menores a sus estructuras.
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