SANTA CATARINA PINULA, Guatemala (AP) – El Ministerio Público inició una investigación para establecer responsabilidades penales de quienes autorizaron la construcción de las casas en el vecindario de Cambray, ubicado bajo un cerro y junto a un río, donde la semana pasada un deslave sepultó a cientos de personas.
«Vamos a establecer el grado de responsabilidad que se pudiese establecer, de quién autorizó las obras en el lugar o si alguien no tomó las acciones oportunas para evitar la tragedia», explicó el fiscal Rotman Pérez, de la sección de delitos políticos.
Las señales de alarma estaban por todas partes en el vecindario mucho antes del deslave.
Sus residentes estaban acostumbrados a vivir con desbordamientos del río Pinula y deslizamientos de tierra. Evelyn de Cifuentes, dijo que su suegra murió en 2010 por un derrumbe más pequeño junto a su casa. Un estudio técnico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del pasado noviembre dijo que «se observan fracturas en bloques de material que pueden indicar futuros deslizamientos (de tierra)» y que la población debería marcharse.
Pero la zona no fue declarada inhabitable hasta el lunes, cuatro días después del alud que barrió el vecindario causando la muerte a cientos de personas. La cifra oficial de fallecidos era de 186 el martes, y aún se desconocía el paradero de unas 300 personas.
El fiscal Pérez dijo que se están investigando todos los aspectos, incluyendo quién recibió el informe de la Conred, si se hizo algo al respecto, quien tenía jurisdicción sobre la zona y quien cobraba los impuestos.
