El lunes 16 de enero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala aseguró que tomará acciones legales contra el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su desempeño mientras estaba al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). El jefe de cartera asumió ese cargo en el país centroamericano entre 2013 y 2017 y se le acusa de haber permitido acuerdos de cooperación con dos directivos de la constructora Odebrecht.
Las declaraciones las realizó el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, que investiga el caso de corrupción de Odebrecht. De hecho, la Feci emitió recientemente cuatro órdenes de captura para: la exfiscal general Thelma Aldana. Además, la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz y el exmandatario de la Cicig. También, Luis David Gaitán y el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana (Amcham), Juan Pablo Carrasco de Groote.
De acuerdo con Curruchiche, esas cuatro personas están señaladas de obstrucción a la justicia, conspiración y abuso de autoridad. No obstante, relación con los funcionarios de la Cicig no solo se remitió a las órdenes de capturas realizadas el 16 de enero, sino que el fiscal anunció que irían detrás del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales. Además, abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró el funcionario. La advertencia también estaba dirigida para la exfuncionaria y abogada colombiana Luz Camargo Garzón, investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
Hechos que vinculan a los colombianos
El fiscal destacó cuáles son las pruebas con las que cuenta para tomar acciones legales en contra de los colombianos. “En correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la exfuncionaria de Cicig, Luz Camargo Garzón, a Juan Pablo Carrasco le indica que el exfiscal general de Maldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez, solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”.
Curruchiche mencionó otra serie de correos que darían cuenta de los acuerdos de colaboración eficaz de empresarios brasileños. Incluso, de reuniones con los exfuncionarios de la Cicig mencionados. “Lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”, agregó.
Lo cierto es que el hecho en sí se concretó el 8 de septiembre de 2017, “cuando una jueza aprobó los acuerdos de colaboración eficaz” de brasileños vinculados al caso Odebrecht. Para el funcionario de la Fiscalía, “los hechos evidentes, de actos ilegales y corruptos, que causaron detrimento al Estado de Guatemala”.
Por otro lado, el fiscal habló acerca de la investigación que se adelanta contra dos brasileños, cuyos testimonios, brindados en 2017, fueron anulados. En sus declaraciones habían acusado al “exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht. Los que eran equivalentes a 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora”, según Agencia EFE.
Esos testimonios fueron desestimados por el Juzgado Mayor Riesgo D, el cual fijó una nueva audiencia para el 1 de febrero de 2023. “Los ciudadanos brasileños pretendían no presentarse a la audiencia judicial en Guatemala y los representantes de la constructora Odebrecht S.A. accionaron para protegerlos”, señaló Curruchiche e indicó que los implicados debenerán presentarse y responder “sobre los beneficios otorgados por el exfiscal Juan Francisco Sandoval”.
