El Gobierno venezolano firmó el Decreto 5.248 que ordena la supresión y liquidación de varias misiones y fundaciones vinculadas al aparato estatal.
La medida se oficializó en la Gaceta Oficial extraordinaria N.º 6.985 y forma parte de un proceso de reorganización institucional orientado a ajustar el gasto social y administrativo.
El instrumento señala que el Ejecutivo debe adaptar su estructura «a nuevas directrices de política social y gestión pública», lo que implica redistribuir funciones y concentrar competencias en organismos centrales del Estado.
Reorganización institucional y ajuste administrativo
Entre las misiones eliminadas figuran la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Fundación José Félix Ribas y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales y la Fundación Propatria 2000.
También desaparecen entidades vinculadas a seguridad e inteligencia como el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), cuya desaparición representa el ajuste más significativo dentro del paquete de medidas, dado su rol en el sistema de seguridad y protección institucional.
Según reportes de prensa, la decisión busca reorganizar el Despacho Presidencial. Asimismo, redistribuir las funciones de estos programas sociales en otros ministerios.
Impacto político y social
Analistas consideran que la medida redefine la arquitectura institucional heredada del chavismo y puede afectar la gestión de programas sociales y de seguridad. El decreto establece que algunas funciones serán absorbidas por otras instancias del Ejecutivo para evitar duplicidades y concentrar recursos.
Este ajuste ocurre en un contexto de cambios políticos y económicos en Venezuela, donde el Estado intenta reorganizar su aparato administrativo mientras enfrenta desafíos fiscales y sociales.
