El Ministerio español de Fomento ya no ve alternativas a la nacionalización de las autopistas en quiebra para evitar el cierre al tráfico de estas infraestructuras.
«.. el escenario que se nos plantea es llegar a una reversión de estas autopistas al Estado. Vamos a intentar y estamos intentando una negociación con las entidades financieras para ver si es posible llegar a un mutuo acuerdo que facilite las cosas», dijo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista con TVE el lunes.
No obstante, dicho paso supondría un fuerte lastre para la arcas públicas, ya que el Estado tendría que hacerse cargo de la deuda acumulada de las empresas concesionarias.
La patronal constructora Seopan calculó el año pasado en 5.500 millones la responsabilidad patrimonial del Estado sobre las autopistas en quiebra después de que las empresas que las construyeron se declararan en concurso en 2013 al no poder cobrar la obra realizada mediante el peaje por el fuerte descenso del tráfico durante los años de la crisis.
A finales de septiembre, Fomento ya acudió al rescate de dos de las autopistas radiales quebradas — la R3 y la R5, participadas por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia BKIA.MC — al recurrir una decisión judicial que hubiera obligado al cierre y la liquidación de estas autovías.
Fomento justificó su intervención en septiembre con el argumento de que era prioritario mantener en marcha esta infraestructuras para que los usuarios no se vean afectados.
Ya en 2014, Fomento había planteado un plan de rescate que pasaba por la integración de ocho autopistas radiales quebradas en una empresa pública tras aplicar una quita del 50 por ciento sobre la deuda en manos de la banca y transformar el resto del pasivo en un bono a treinta años con una rentabilidad del uno por ciento.
No obstante, dicho plan fue rechazado por la banca en su día y de la Serna reconoció el mes pasado que la situación se ha vuelto más compleja porque algunas de las entidades financieras involucradas han vendido a fondos de inversión parte de la deuda ligada a estas infraestructuras.
Y estos fondos ya han mostrado en varias ocaciones que son interlocutores muy duros a la hora de aceptar descuentos sobre deudas avaladas por ley.
La asociación de consumidores FACUA criticó una posible nacionalización, acusando al Ejecutivo de priorizar la salvaguarda de los intereses de bancos y constructoras frente a las necesidades más básicas de la mayoría de los ciudadanos.
«Mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que eviten los cortes de luz a las familias más vulnerables sí asume que nacionalizará una deuda multimillonaria para rescatar, una vez más, a bancos y constructoras, que están detrás de la gestión de las autopistas quebradas», dijo la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, en un comunicado.
