Puerto Rico pide ayuda a EE.UU frente a crisis financiera

San Juan, Puerto Rico.- Puerto Rico evitó el martes un incumplimiento de pago de varios millones de dólares al anunciar en el último minuto un pago de bonos, pero advirtió que una agudizada crisis financiera ha obligado al gobierno a desviar dinero que habría de usarse para pagos futuros de deuda a fin de evitar una paralización de servicios básicos.

El anuncio del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico se hizo mientras el gobernador Alejandro García Padilla testificaba en una audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos que la isla estaba enfrentando una crisis de liquidez.

«Seamos claros: Ya no nos queda efectivo», señaló. «Éste es un llamado de socorro de un barco de 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que ha estado perdido en el mar».

García firmó una orden ejecutiva que permite al Departamento del Tesoro de la isla retener ciertos ingresos de varias agencias púbicas para pagar la deuda pública de 72.000 millones de dólares y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, incluyendo salud, educación y seguridad pública. Funcionarios dijeron que se espera que se desvíen hasta 329 millones de dólares hasta junio para pagar la deuda.

Melba Acosta, presidenta del Banco de Fomento, dijo que la mayoría de las agencias cuyo ingreso está siendo desviado seguirán teniendo fondos suficientes para cubrir otros pagos próximos de deuda. Entre las agencias afectadas están la muy endeudada Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad Metropolitana de Autobuses.

«Esperamos que hoy sirva como una clara indicación de que tenemos la intención de cumplir con nuestras obligaciones en la medida de lo posible sin interrumpir servicios públicos esenciales», señaló Acosta. Sin embargo, la posición fiscal general de Puerto Rico «sigue siendo débil».

Acosta dijo que las autoridades se seguirán reuniendo con acreedores para hablar sobre restructurar una porción de los 72.000 millones de deuda pública de la isla que el gobernador dice que es impagable.