Naciones Unidas solicitó este domingo que la ley de amnistía e indulto para el proceso de paz en Colombia cumpla los estándares internacionales de derechos humanos y garantice la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto.
En un comunicado, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que las medidas contenidas en el proyecto de ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales deben responder a los criterios del derecho internacional.
El organismo recomendó al Estado colombiano que debe “prever procedimientos y recursos para asegurar que las amnistías contribuyan a la obtención de verdad, justicia y reparación para las víctimas”.
La ley de amnistía será tramitada por el Congreso en el marco del proceso de paz que el gobierno del presidente y premio Nobel de la Paz 2016 Juan Manuel Santos negoció con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).
El texto añadió que la norma que posibilite a guerrilleros o agentes del Estado obtener la libertad debería incluir compromisos que les obliguen a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aportar “a la verdad sobre las violaciones” y realizar trabajos “socialmente valiosos”.
“Los beneficios que se otorguen tienen que ser el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas”, dijo por su parte Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Finalmente, la ONU recomendó que el sistema de justicia transicional contenga mecanismos para “motivar a guerrilleros, agentes del Estado y otros, incluyendo a los altos mandos, a participar voluntariamente en el sistema, sean o no actualmente investigados”.
El acuerdo de paz con las FARC fue refrendado por el Congreso el pasado 30 de noviembre y su implementación requiere distintos actos legislativos y reformas constitucionales.
Las discusiones de la ley de amnistía comenzarán la semana próxima a través del mecanismo de vía rápida (“fast track”), que reduce los tiempos de discusión para validar las normas y estipula que los congresistas deben aprobar o rechazar los textos sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.
Mientras se da trámite a este proceso el grupo rebelde iniciará un proceso paulatino de dejación de armas bajo supervisión de la ONU.
