San Salvador (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que impondrá cercos militares y policiales en las grandes ciudades para intensificar la persecución de miembros de las pandillas, a quienes las autoridades responsabilizan de la mayoría de los delitos cometidos en el país.
“Ahora viene la fase cinco, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en las comunidades”, dijo el mandatario. Durante un acto frente unos 14.000 soldados que se sumarán a la tarea de persecución de las pandillas.
Bukele no adelantó ningún detalle sobre cuándo empezará a aplicar los controles o en qué ciudades se registrarán los accesos y salidas. Alegando que eso alertaría a los integrantes de las pandillas.
Pero explicó que retomarán la experiencia del cerco militar montado en el municipio de Comasagua. Al sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asesinato de un campesino de la zona. “Fue exitoso”, defendió el mandatario, pese a las críticas a su política de mano dura de parte de organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos.
En el operativo desplegado en la primera semana de octubre, más de 2.000 soldados y unos 500 policías de fuerzas especiales tomaron el control de la carretera de acceso a Comasagua. A unos 29 kilómetros de la capital. Las personas que entraban y salían del cerco eran sometidas a un riguroso registro.
Utilizaron, además, drones para buscar a los pandilleros que se habían refugiado en los cafetales de la zona. En dos días capturaron unos 50 pandilleros, según la versión oficial, incluidos los presuntos asesinos del campesino.
Cierre de entradas
Bukele aseguró que se cerrarán todas las entradas y salidas de las ciudades para evitar fugas. Y que la medida también está dirigida a quienes se encargan de “suplirlos de alimentos, armas y todo lo que utilizan para amedrentar a la población”.
El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el congreso aprobó la puesta en marcha de un estado de excepción. Que fue renovado por octava vez hace 10 días y que limita la libertad de asociación. Suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo de arresto. Así como de la asistencia de un abogado.
